Un tribunal federal ordena detener la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Donald Trump ha impulsado en su segundo mandato decisiones de todo calibre, desde aranceles hasta despidos masivos de funcionarios, pero pocas le tocan tan de cerca como el gran salón de baile que quiere levantar en la Casa Blanca. Este viernes, un tribunal federal le ha recordado que ese proyecto, como tantos otros, no depende solo de su voluntad.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC ha ratificado, en una decisión de dos votos contra uno, el fallo dictado en abril por un juez de primera instancia que ordenaba paralizar la mayor parte de la construcción hasta que el Congreso la autorice expresamente. La obra en superficie queda así congelada, según el fallo conocido este viernes.

Un inquilino, no un propietario

Los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, nombrados respectivamente por Obama y Biden, firmaron la opinión mayoritaria. La magistrada Neomi Rao, designada por el propio Trump, votó en contra. Según recoge El Mundo, el fallo insiste en que la decisión de construir un salón de baile de este calado corresponde al legislativo, no a la Casa Blanca por su cuenta.

El presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva

La sentencia incluye una suspensión de 14 días para que la Administración pueda recurrir ante el Tribunal Supremo, última instancia disponible. Los trabajos subterráneos y los que afectan a la seguridad nacional, como la reforma completa del búnker presidencial, sí pueden continuar mientras tanto.

Un proyecto de 400 millones

El salón de baile ocuparía 8.000 metros cuadrados con un coste estimado de 400 millones de dólares, financiados en teoría con donaciones privadas de amigos y empresas del entorno de Trump. La obra forma parte de una reconstrucción más amplia que incluye nuevas oficinas para la primera dama, instalaciones médicas y la sustitución del histórico búnker presidencial por un complejo subterráneo militar de mayor tamaño, según detalla el diario. Las propuestas de financiación pública para las instalaciones de seguridad asociadas al proyecto rondan los 1.000 millones de dólares.

El litigio arrancó en diciembre con una denuncia del National Trust for Historic Preservation, presentada apenas una semana después de que la Casa Blanca demoliera por sorpresa el Ala Este para dejar sitio a la nueva sala, pensada para albergar hasta 999 invitados. Los abogados del Gobierno defendieron ante el panel que la reforma, la mayor modificación estructural del edificio en 70 años, respondía a necesidades de seguridad frente a amenazas como drones, misiles balísticos o riesgos biológicos, un argumento que ganó fuerza tras un intento de atentado contra Trump en un hotel de Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Los abogados del grupo de preservación histórica replicaron que la ausencia de un salón de baile no constituye, en sí misma, una emergencia de seguridad nacional. El propio Trump ya había cargado en primavera contra el primer juez que frenó la obra, nombrado por George W. Bush, acusándolo de intentar sabotear lo que calificó como un regalo para el país.

Lo que queda por ver

La Casa Blanca sostuvo en junio ante el panel que los tribunales federales no deberían tener capacidad para frenar la construcción y que el presidente cuenta con autoridad para modificar los terrenos del complejo. Ahora la partida se traslada al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora pero que ya ha propinado a Trump algunos reveses inesperados, como en los casos de los aranceles o la ciudadanía por nacimiento.

El desenlace determinará si el salón de baile, uno de los proyectos con los que Trump aspira a dejar huella física de su paso por la presidencia, sigue adelante tal y como lo concibió o si necesita, por fin, el visto bueno de un Congreso que además podría cambiar de manos tras las elecciones de noviembre.