El ático de Ayuso, la explicación que cambia otra vez: ahora era "para las necesidades de las consejerías"

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha ofrecido esta semana una nueva explicación sobre el ático de 6,3 millones de euros comprado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según relata El País, en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid el consejero sostuvo que el inmueble podía servir prácticamente para cualquier cosa y, al mismo tiempo, para nada en concreto, una definición que ha alimentado aún más las dudas sobre esta operación.

García Martín compareció durante casi hora y media, apoyado en un puñado de folios, para tratar de zanjar una polémica que lleva ya cincuenta días golpeando al Gobierno regional. Sin embargo, según recoge el diario, el consejero no aclaró un punto central: quién dentro del Ejecutivo autonómico ordenó la compra de ese ático en concreto ni por qué se eligió precisamente ese inmueble, de casi 500 metros cuadrados y con una terraza panorámica sobre Madrid.

Una vivienda sin uso

El piso, situado en la calle Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, fue adquirido el 14 de abril por Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Comunidad, por 6,3 millones de euros. La compra se mantuvo en secreto hasta que El País reveló su existencia el 29 de julio. Desde entonces, según el periódico, la vivienda ha permanecido cerrada y sin uso, tanto durante los meses que separaron la firma ante notario de su conocimiento público como durante todo el verano, en pleno escándalo.

La explicación oficial ha cambiado en varias ocasiones. Al principio, Ayuso afirmó que el ático se destinaría a oficina temporal suya mientras se acometían obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional en Sol. Después el Ejecutivo matizó que no sería su residencia oficial. Y ahora, según el expediente de 224 páginas elaborado por Planifica Madrid y consultado por El País, la memoria del proyecto recoge que el inmueble podía usarse de forma "ocasional" o "permanente", como alojamiento para autoridades de visita o para "las propias autoridades de la Comunidad de Madrid", lo que en la práctica dejaba la puerta abierta a que la propia presidenta dispusiera de él.

"El ático podía usarse prácticamente para cualquier cosa y, al mismo tiempo, para nada en concreto."

Ese mismo documento, según recoge el diario, contempla incluso un uso adicional: que el piso sirviera como sede institucional "en contextos de gestión de crisis" en caso de una pandemia. Ninguna de esas justificaciones explica, sin embargo, por qué la operación se tramitó a través de una empresa pública y no por el cauce habitual del Consejo de Gobierno, lo que hubiera obligado a pasar por la Asamblea de Madrid.

La oposición y el ausente

Los grupos de la oposición, PSOE y Más Madrid, sostienen que el Gobierno de Ayuso recurrió a Planifica Madrid precisamente para esquivar ese trámite de votación parlamentaria, según han defendido en las últimas semanas. García Martín rechazó esa acusación durante su comparecencia y acusó a los partidos rivales de construir, en sus palabras, una gran mentira para desprestigiar a la presidenta madrileña.

A la sesión estaba especialmente pendiente la comparecencia de Pedro Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid y responsable de firmar y ejecutar la compra del inmueble. Corbalán, sin embargo, no compareció y lleva desde el verano sin dar explicaciones públicas, lo que según El País ha convertido su figura en una referencia constante pero ausente en todo el caso.

La propia Ayuso ha tratado de desvincularse del asunto en los últimos días. "No quiero saber nada de esta historia", llegó a decir la presidenta a la salida de un acto, visiblemente molesta con las preguntas de la prensa, según recoge el periódico. Ayuso reconoció no obstante haber visitado el piso tras la firma de la compra, aunque insistió en que no fue ella quien tomó la decisión de adquirirlo.

Un piso que nadie compra

Mientras tanto, el intento de deshacerse del inmueble tampoco ha salido como esperaba el Gobierno regional. La subasta convocada para vender el ático quedó desierta, sin ningún interesado, por lo que la Comunidad ha optado por sacarlo de nuevo al mercado a través de un procedimiento abierto de adjudicación, según confirmó el propio consejero de Presidencia.

El caso, además, ha trascendido ya el ámbito político. Según ha informado El País, la jueza que investiga la compra ha preguntado a la Fiscalía si es competente para instruir el asunto. Con el expediente administrativo cerrado sin respuestas y la vía judicial abierta, queda por ver si algún día se sabrá quién decidió gastar 6,3 millones de euros públicos en un ático que, meses después, sigue vacío y sin comprador a la vista.