La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, al que condena a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Según informa El Mundo, el tribunal considera probado que su contratación como coordinador de actividades en el Conservatorio de Música de la Diputación de Badajoz fue irregular, con un proceso de selección diseñado a medida para garantizar su nombramiento.

La misma pena recae sobre Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez al que la institución provincial también contrató como colaborador en circunstancias similares, según recoge la sentencia. El tercer condenado, y el que sale peor parado, es Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE en Extremadura, al que se le imponen dos penas de nueve años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación, uno por cada contratación irregular.

Los hechos probados

La investigación, según las pruebas aportadas durante el juicio oral, reveló un patrón de irregularidades en el proceso de selección. Entre las evidencias clave figuran correos electrónicos intervenidos que mostrarían la coordinación entre los implicados, actas de los tribunales de selección que habrían sido alteradas para favorecer al candidato, y el testimonio de una aspirante que denunció las anomalías del concurso, según informó El Mundo durante la fase de instrucción.

El puesto que ocupó David Sánchez en la Diputación pacense llevaba aparejada una vivienda oficial, uno de los extremos que más controversia suscitó durante la instrucción del caso. La plaza fue creada, según la acusación, con unas condiciones que solo él podía cumplir, lo que evidenciaría, siempre según el tribunal, la voluntad deliberada de adjudicarle el empleo al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El tribunal considera probado que el proceso de selección fue diseñado a medida para garantizar el nombramiento de David Sánchez

Un caso con ramificaciones políticas

El denominado caso del «hermanísimo» ha sido una de las causas judiciales más incómodas para el entorno de Pedro Sánchez durante esta legislatura. La relación familiar directa con el presidente del Gobierno elevó un asunto de ámbito provincial a la primera línea del debate nacional. La oposición, con el PP a la cabeza, ha utilizado el caso de forma recurrente para cuestionar la ejemplaridad del Ejecutivo, mientras que el PSOE ha mantenido que se trata de un asunto que afecta exclusivamente al ámbito personal del presidente.

Durante la instrucción del caso salió a la luz un episodio especialmente controvertido: según informó El Mundo, el que fuera Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil habría dado la orden a la Unidad Central Operativa (UCO) de no investigar a David Sánchez en Badajoz, lo que abrió un debate sobre posibles injerencias institucionales en la investigación.

Consecuencias y próximos pasos

La sentencia, aunque firme en primera instancia, es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, vía que previsiblemente agotarán las defensas. La inhabilitación de nueve años impide a David Sánchez ocupar cualquier empleo o cargo público durante ese periodo, aunque no conlleva pena de prisión al tratarse de un delito de prevaricación administrativa.

En el caso de Gallardo, la doble condena supone un golpe definitivo a su carrera política. El que fuera hombre fuerte del socialismo extremeño acumula dieciocho años de inhabilitación, lo que en la práctica le aparta de la vida pública de forma irreversible.

La sentencia llega en un momento de máxima exposición mediática del Gobierno por diversos frentes judiciales abiertos. El presidente Sánchez no se ha pronunciado hasta el momento sobre la resolución, que añade presión a un Ejecutivo ya desgastado por las causas que afectan a su entorno más cercano. Queda por ver si la defensa de David Sánchez presenta recurso y, sobre todo, si el caso tiene recorrido político más allá de lo judicial.