La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si hubo avisos previos a la entrada masiva en Ceuta

La Audiencia Nacional ha dado un paso más en la instrucción sobre la entrada irregular de unas 72.000 personas en Ceuta a finales de julio. La jueza María Tardón dictó este miércoles una providencia por la que reclama a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que informe sobre si alguna de sus unidades recibió, en los días previos al 30 y 31 de julio, algún dato que hubiese podido alertar de lo que se avecinaba, según recoge ABC.

La pregunta clave

La petición apunta directamente a uno de los puntos que el Gobierno no ha logrado despejar en una semana de crisis: si Interior tuvo constancia previa de que miles de personas se estaban concentrando en la frontera marroquí o si, por el contrario, la información llegó y no se actuó en consecuencia. El ministro Grande-Marlaska ha insistido en que ni el Centro Nacional de Inteligencia ni ningún otro organismo trasladaron advertencia alguna al Ejecutivo.

Esa versión choca con lo que aseguran las asociaciones profesionales de Guardia Civil y Policía Nacional, que sostienen que sí se alertó a Moncloa con antelación. «Lo sabían», afirmaron fuentes de esos colectivos a ABC. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que asegura haber trasladado a la Moncloa, días antes del suceso, que en la semana previa habían entrado de forma irregular unas 1.500 personas y que el ritmo de llegadas podía dispararse. El secretario general del PP, Miguel Tellado, respaldó ese relato al señalar que Vivas habló con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez para advertir de que, de mantenerse la tendencia, la cifra podía multiplicarse en pocos días.

«Lo sabían», aseguraban a ABC fuentes de las asociaciones de Guardia Civil y Policía Nacional

Más allá de las alertas

La providencia de la magistrada no se limita a la cuestión de los avisos previos. También pide a la Guardia Civil información sobre el despliegue del cuerpo durante los días de los hechos, las operaciones de rescate realizadas en aguas territoriales y los fallecidos registrados en el episodio, con datos como causa, fecha y hora de la muerte en cada caso, así como la situación de las personas rescatadas con vida.

Estas diligencias se suman a las ya solicitadas el pasado lunes a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, en el marco de la misma causa, abierta a raíz de una denuncia de la asociación Iustitia Europa. La denuncia señala a funcionarios y autoridades españolas y extranjeras por presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas y organización criminal, entre otros. Desde esa entidad se ha calificado lo ocurrido como una «agresión concertada» procedente de Marruecos.

Vox y HazteOír, acumulados

Tardón decidió además acumular a este mismo procedimiento la querella presentada por HazteOír y la denuncia de Vox sobre los mismos hechos, a la espera de resolver la competencia penal del tribunal. La jueza, no obstante, rechazó las peticiones más urgentes planteadas por Vox, entre ellas el despliegue militar en la frontera y el refuerzo naval de la Armada para labores de salvamento y control marítimo.

El mismo día en que se conocían estas decisiones judiciales en España, la Fiscalía de Tánger anunciaba el procesamiento de 25 personas en Marruecos por su implicación en la organización de las entradas irregulares o en el transporte de pasajeros sin licencia. Entre los cargos que se les imputan figuran exceder el número de pasajeros permitidos, permanencia ilegal tras la expiración de un visado, agresiones a fuerzas de seguridad, desobediencia y destrucción de bienes públicos.

Con estas nuevas diligencias, la instrucción de la Audiencia Nacional entra en su fase más delicada, la de reconstruir con documentos oficiales qué sabía cada administración y cuándo. La respuesta de la Guardia Civil a este requerimiento podría convertirse en la pieza que confirme o desmienta las versiones cruzadas que, por ahora, mantienen a Interior y a las asociaciones policiales en trincheras opuestas.