La Audiencia Nacional revoca el tercer grado que el Gobierno vasco dio a dos etarras

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado los dos terceros grados que el Gobierno vasco concedió a los etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Óscar Celarain. Según informa ABC, los magistrados titulares de la plaza consideran que en este momento no se cumplen los requisitos legales para conceder ese régimen de semilibertad a ninguno de los dos presos.

El caso Olarra Guridi

En el auto sobre Olarra Guridi, el juzgado recuerda que el etarra está condenado a penas que, sumadas, alcanzan los 30 años de prisión, y que su licenciamiento definitivo no está previsto hasta 2036. El texto admite que el preso muestra una evolución positiva, pero considera que eso no basta por sí solo para justificar el salto al tercer grado ahora mismo.

Olarra Guridi había progresado el pasado 19 de mayo tras una resolución favorable de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, departamento que dirige la socialista María Jesús San José y que tiene traspasadas las competencias de Administración Penitenciaria desde 2021. Antes de ese salto ya disfrutaba de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitía salidas diarias desde el centro de Zubieta, en Guipúzcoa, el que sustituyó a la extinta prisión de Martutene.

Detenido en Francia en 2002 junto a su entonces pareja Ainhoa Mujika, que llegó a ser jefa del aparato militar de ETA a finales de los años noventa, Olarra Guridi pasó por el comando Donostia y después por el comando Levante. La Audiencia Nacional lo condenó en 2011 a mil años de cárcel por el atentado con coche bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera, en la calle Corazón de María de Madrid, el 6 de noviembre de 2001, que dejó 95 heridos.

En 2024 la Audiencia Nacional volvió a reclamarlo, esta vez para juzgarlo por su responsabilidad como miembro de la cúpula de ETA en el atentado de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en Alicante, en el que murieron Cecilio Gallego Alamino y Silvia Martínez Santiago, hija de un guardia civil, de solo seis años.

El propio titular con el que ABC adelantó la revocación describe a los dos presos afectados como «el antiguo jefe del aparato militar de la banda terrorista» y «el autor del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola», sin que el resto de la información publicada hasta ahora precise cuál de los dos etarras corresponde a cada perfil.

La Fiscalía frena a Celarain

El segundo auto, el que afecta a Óscar Celarain, recoge íntegramente la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se había opuesto a su progresión de grado. El Ministerio Público alegó que todavía no se ha avalado judicialmente la aplicación del artículo 100.2 en su caso y que, por tanto, no ha dado tiempo a consolidar la eficacia del tratamiento penitenciario.

«La progresión de grado es prematura y precipitada»

Fue precisamente la Fiscalía la que interpuso el recurso contra la decisión del Gobierno vasco sobre Olarra Guridi. Lo resolvió el juez José Luis Castro, titular de la plaza número uno de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, en un auto fechado el 16 de julio y conocido este lunes.

Un pulso que viene de atrás

La revocación llega apenas dos meses después de que la misma Consejería vasca concediera también el tercer grado a otro etarra, Xabier Zabalo, una decisión que entonces llevó a la asociación de víctimas del terrorismo Covite a pedir la dimisión de la consejera San José, según recogió ABC. El choque entre el departamento vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el uso del artículo 100.2 no es, por tanto, un caso aislado.

Con los autos ya notificados, Olarra Guridi y Celarain vuelven al régimen penitenciario ordinario mientras sus defensas estudian si recurren. El Gobierno vasco no ha adelantado si insistirá con nuevas peticiones de progresión de grado antes de que se resuelvan los recursos pendientes.