Avalanchas y disparos al aire en el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta
El operativo trasladó a cerca de 1.700 personas desde los asentamientos de El Trampolín y Benítez hasta el nuevo recinto portuario, entre carreras, tensión y el refuerzo de la Policía Nacional.
La Policía Nacional y la Guardia Civil ejecutaron este viernes el traslado de una parte de los migrantes que llevaban más de un mes malviviendo en los asentamientos de las playas de El Trampolín y Benítez, en Ceuta, hasta el nuevo campamento habilitado en el puerto de la ciudad. El operativo, que arrancó poco después de las 6:30 de la mañana según recogió Infobae, derivó en momentos de tensión, con avalanchas de personas y disparos al aire de los agentes para contener a la multitud, según relató El País.
El operativo, en detalle
Más de 240 agentes participaron en el dispositivo, según datos de Europa Press recogidos por Infobae: 170 de la Policía Nacional, en su mayoría antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial, y unos 70 de la Guardia Civil, entre el Grupo de Reserva y Seguridad y las Unidades de Seguridad Ciudadana. El despliegue contó además con apoyo de drones para vigilar el movimiento de los grupos desde el aire.
Desde las seis de la mañana ya se agolpaban cientos de personas junto a la playa de Benítez a la espera de conocer cuándo arrancaría el traslado y cuántas de ellas conseguirían plaza en el nuevo recinto, según Infobae. El miedo a quedarse fuera provocó carreras y una avalancha que la Policía tuvo que contener con material antidisturbios.
Entre la multitud que avanzaba hacia el puerto, la frase que resumía el ánimo general era sencilla, según recogió elDiario.es entre los migrantes trasladados.
Queremos estar seguros en el campamento
El origen de la crisis
El nuevo campamento cuenta con capacidad para unas 1.700 plazas, insuficientes frente a las más de 4.000 personas que se estima que malvivían entre El Trampolín y Benítez, según los datos que manejaba este jueves el Gobierno de Ceuta y que recogió Infobae. La ciudad autónoma calculaba además que al menos 13.000 personas se encontraban en situación administrativa irregular en su territorio. Los asentamientos se remontan a la entrada masiva registrada a finales de julio, que desbordó los recursos de acogida disponibles.
El traslado solo pudo ejecutarse después de que la Audiencia Nacional levantara el veto cautelar que pesaba sobre el campamento, tras rechazar un recurso del Sindicato Unificado de Policía. El sindicato había paralizado la puesta en marcha del recinto por las dudas planteadas sobre su ubicación, próxima a infraestructuras consideradas estratégicas, según informó Infobae.
Reacciones políticas
La crisis ha reabierto el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. El ministro de Transportes, Óscar Puente, denunció una campaña orquestada para enquistar el problema y acusó a los populares de frenar el traslado de menores no acompañados a la Península, según recogió Moncloa.com. "Se les debería caer la cara de vergüenza por poner palos en la rueda", llegó a decir el ministro.
El Ministerio mantiene abierta la vía de cooperación con la Ciudad Autónoma, gobernada por el PP, aunque la gestión del campamento sigue pendiente de nuevos pronunciamientos judiciales. La diferencia entre las 1.700 plazas disponibles y los más de 4.000 migrantes que aguardaban turno deja sin alojamiento estable a buena parte de quienes se quedaron fuera del recinto portuario, una brecha que el Gobierno y la ciudad autónoma tendrán que resolver en las próximas semanas.
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