Ayuso se adelanta a la Junta Electoral y pide bloquear el voto en Madrid a nietos de exiliados de otras regiones

La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para impedir que se incorporen al censo electoral de la región personas nacionalizadas españolas al amparo de la conocida como ley de nietos cuyo vínculo familiar con Madrid no esté documentalmente acreditado. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se adelanta así a una resolución de la Junta que, según distintos medios, podría fijar un criterio más laxo del que reclama el Ejecutivo regional.

Qué pide Madrid

El planteamiento de la Comunidad es que el censo electoral madrileño solo pueda ampliarse con votantes del exterior que acrediten documentalmente que su última residencia, o la de su ascendiente, estuvo en un municipio de la región. Ayuso rechaza el criterio de "mayor arraigo" que maneja la Junta Electoral Central para resolver estos casos, por considerarlo, según fuentes del Ejecutivo autonómico citadas por El País, un concepto indeterminado que abriría la puerta a inscripciones sin relación real con Madrid.

El Gobierno regional sostiene que ese criterio choca con el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía de Madrid, que fija la residencia como requisito para ejercer el derecho de voto en la región. De ahí que reclame que sea la documentación de residencia, y no una valoración genérica de vínculo o arraigo, la que determine dónde vota cada nuevo nacionalizado.

El objetivo declarado es evitar que el Gobierno central manipule estas cifras aplicando esta normativa

La ley de nietos, en el origen

La llamada ley de nietos es la normativa estatal que facilita la obtención de la nacionalidad española a descendientes de quienes emigraron o se exiliaron en el pasado, sin que sea necesario residir en España para adquirirla. Su aplicación ha disparado las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, con miles de nuevos españoles repartidos por Latinoamérica, Estados Unidos y otros países.

El asunto ya había generado fricciones antes de esta última decisión de Ayuso. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la inscripción en el CERA de una parte de los nacionalizados al amparo de esta ley, al apreciar un "peligro fundado, real y serio" para el buen desarrollo de los procesos electorales, en referencia al elevado volumen de altas gestionadas en un plazo breve y sin comprobaciones suficientes sobre el municipio de vinculación de cada solicitante.

Meses de trabajo previo

Según ha trascendido, el equipo de Ayuso lleva meses preparando esta batalla administrativa. La Comunidad constituyó ya en diciembre del año pasado un grupo de juristas, expertos en derecho electoral y antiguos diplomáticos para analizar cómo se gestionan censos similares en países con comunidades españolas o de origen español numerosas, entre ellos Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Reino Unido.

Ese trabajo previo es el que sustenta ahora las alegaciones que Madrid llevará a la Junta Electoral Central antes de que el organismo resuelva sobre los criterios definitivos de inscripción. Ayuso ha acusado en varias ocasiones al Gobierno central de utilizar la regularización de nacionalidades y las altas en el censo exterior para inflar artificialmente el electorado en comunidades gobernadas por el PSOE, algo que Moncloa no ha respondido de forma directa hasta la fecha.

Qué queda por ver

La decisión final está en manos de la Junta Electoral Central, que deberá pronunciarse sobre qué criterio prevalece, el de residencia documentada que defiende Madrid o el de mayor arraigo que la propia Junta había venido aplicando en casos anteriores. De ese fallo, y de si Madrid decide recurrirlo en caso de no ser favorable, dependerá cuántos de los nuevos españoles con raíces familiares en distintas regiones acaban finalmente censados, y con derecho a voto, en la Comunidad de Madrid.