Canarias exige a Bustinduy borrar de un plumazo el recorte automático en las ayudas a la dependencia

El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que modifique la Ley de Dependencia para eliminar, según sus palabras, «definitivamente» las deducciones automáticas que sufren los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).

El mecanismo del recorte

La normativa vigente obliga a restar del importe de la ayuda de dependencia cualquier otra prestación de naturaleza similar que el ciudadano reciba de otros regímenes públicos. El mecanismo afecta, entre otros, a los complementos por gran incapacidad, a la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 75%, al complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas y al subsidio de ayuda a tercera persona, según recuerda el Ejecutivo canario en una nota de prensa.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha trasladado la petición por carta al ministro Pablo Bustinduy, en la que desglosa el impacto que este sistema tiene en el día a día de los afectados. «Cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce por la percepción previa de alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo de la persona beneficiaria», ha explicado la consejera, según recoge The Objective.

Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación

El Gobierno regional subraya que, en la práctica, estas deducciones neutralizan el derecho reconocido y cronifican la insuficiencia de recursos en los hogares, un problema que se agrava especialmente en las familias que acumulan varias situaciones de discapacidad y dependencia a la vez. «Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación, y necesitan atención personal, supervisión, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento, movilidad, permanencia en el domicilio y otros gastos directamente vinculados a su autonomía y calidad de vida», ha asegurado Delgado.

Lo que ya se tramita en el Senado

El debate normativo sobre esta cuestión se encuentra ya en el Senado, aunque el texto que se tramita solo contempla eliminar las deducciones automáticas para las situaciones de dependencia extrema, el nuevo Grado III+. Canarias valora ese avance, pero lo considera insuficiente: exige extender la compatibilidad total también a las personas reconocidas con los Grados I y II, que según el Ejecutivo regional soportan igualmente costes muy elevados.

El Gobierno canario advierte además de que cualquier ampliación de derechos debe ir acompañada del respaldo económico del Gobierno de España, para no trasladar en solitario el coste a las arcas autonómicas. «Consideramos igualmente necesario que su incorporación vaya acompañada de la correspondiente evaluación económica y de una previsión suficiente de financiación, de forma que la ampliación de derechos pueda hacerse efectiva sin trasladar de manera exclusiva a las comunidades autónomas el coste derivado de la modificación», señala la carta remitida a Bustinduy.

Reforma paralela de servicios sociales

En paralelo, el Boletín Oficial de Canarias publica este viernes el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales, con el que el Ejecutivo regional busca adaptar la regulación al nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Según el Gobierno canario, la reforma permitirá simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en marcha de centros y servicios mediante la presentación de una declaración responsable, en lugar de trámites más largos.

La petición canaria se suma así a un frente autonómico que lleva meses reclamando al Ministerio una revisión más amplia de la Ley de Dependencia, en un contexto en el que varias comunidades han denunciado retrasos y listas de espera para el reconocimiento de grados. Queda por ver si el Gobierno central acepta ampliar la reforma que ya tramita el Senado más allá del Grado III+, y si acompaña esa ampliación con la financiación adicional que reclama Canarias.