Piden 6 años de cárcel para el hermano de Sánchez tras recurrir su condena
Hazte Oír recurre la sentencia de la Audiencia de Badajoz para que David Sánchez entre en prisión y se le impute también tráfico de influencias, un delito que el tribunal no le atribuyó.
La Asociación Hazte Oír ha recurrido la sentencia que condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de malversación. El escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, pide que la Audiencia Provincial de Badajoz eleve la pena hasta los seis años de prisión y que se le impute además un delito de tráfico de influencias que el tribunal decidió no incluir en su fallo.
La sentencia de julio
La condena original, dictada en julio por la Audiencia de Badajoz, situaba a David Sánchez como responsable de un delito de malversación castigado únicamente con inhabilitación, sin pena de cárcel. En la misma sentencia, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado por dos delitos de prevaricación a 18 años de inhabilitación. Según el tribunal, ambos favorecieron los intereses del hermano del presidente para crearle un puesto de trabajo calificado como «innecesario» en la institución provincial.
Ese fallo evitó a los dos condenados el ingreso en prisión, algo que ahora Hazte Oír reclama corregir por la vía del recurso. El escrito dirigido a la Audiencia Provincial describe a David Sánchez como «cooperador necesario o, alternativamente, inductor» de las prevaricaciones cometidas en los distintos episodios del caso, y pide que además responda como autor de un delito de tráfico de influencias.
La sentencia enuncia la segunda acción típica y, acto seguido, la abandona
Las penas solicitadas
Según el recurso, la acusación popular reclama para David Sánchez tres condenas de dos años de prisión, una por cada bloque de hechos analizados en el juicio, junto con multas del duplo del beneficio obtenido e inhabilitaciones especiales de entre nueve y diez años. Para Miguel Ángel Gallardo, la petición se eleva a cuatro años de prisión, repartidos también en penas de dos años por cada uno de los dos bloques en los que aparece implicado, además de las correspondientes multas e inhabilitaciones para empleo o cargo público.
El argumento central del recurso se apoya en la propia sentencia de la Audiencia, que según Hazte Oír reconoce la existencia de un supuesto de tráfico de influencias pero no llega a aplicarlo. El escrito recuerda que la jurisprudencia contempla dos vías para apreciar este delito: que se acredite una «presión moral eficiente» sobre el funcionario, o que la única explicación razonable a su conducta sea precisamente esa influencia. Los recurrentes sostienen que el tribunal describe este segundo supuesto en su razonamiento, pero no extrae de él la condena correspondiente, y reclaman ahora que sean las pruebas ya practicadas las que sustenten el nuevo reproche penal.
Una segunda denuncia
Al margen del recurso contra la sentencia, Hazte Oír ha presentado esta misma semana una nueva denuncia contra Miguel Ángel Gallardo, esta vez centrada en la creación del puesto que ocupó Luis María Carrero, colaborador estrecho de David Sánchez. La denuncia sostiene que Gallardo pudo incurrir en un delito de prevaricación administrativa por la creación de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y por la posterior adjudicación de esa plaza en comisión de servicios.
Aunque la sentencia ya recogió condenas relacionadas con la creación de este puesto para el entonces diputado de Cultura y para el propio Carrero, la nueva denuncia apunta directamente a Gallardo como responsable último de la decisión. Según el escrito, el acuerdo de creación del puesto se adoptó en un pleno de la Diputación que presidió el propio denunciado y cuyo debate él mismo cerró.
Qué viene ahora
El recurso queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Badajoz, que deberá decidir si admite a trámite la petición de endurecer las penas y de incorporar el delito de tráfico de influencias que quedó fuera del fallo original. De prosperar, el caso podría alargarse con nuevas fases procesales antes de que exista una resolución firme sobre la responsabilidad penal del hermano del presidente y de su entorno en la Diputación de Badajoz.
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