Ceuta expulsa a once detenidos por la emboscada a los militares, pero CSIF avisa: "se cambian de nombre y vuelven a entrar"
La autoridad judicial de Ceuta ha condenado a dos años de cárcel a los doce arrestados por la emboscada de Benzú, aunque a once de ellos la pena se les ha sustituido por la expulsión a Marruecos. El portavoz de CSIF en la ciudad autónoma advierte de que el mecanismo tiene un agujero conocido.
La autoridad judicial de Ceuta ha condenado este viernes a los doce detenidos por la emboscada sufrida por una patrulla de militares españoles en Benzú a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, según ha informado Libertad Digital. En el caso de once de los doce arrestados, sin embargo, la pena de cárcel ha sido sustituida por la expulsión del territorio español, con una prohibición de regresar durante cinco años.
El mecanismo legal
Esta sustitución no es una excepción, sino un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico español: cuando el delito imputado conlleva una pena de entre uno y cinco años de prisión, el juez puede ofrecer al condenado la expulsión del país en lugar del ingreso en prisión. Así lo ha explicado a Libertad Digital Juan Iglesias, portavoz de CSIF en Ceuta, quien ha detallado además los límites del sistema: si la pena supera los cinco años, el imputado es tratado como preso preventivo y debe esperar a juicio; si es inferior a un año, tampoco puede acogerse a la expulsión y debe permanecer a la espera de que se resuelva su situación.
El problema, según Iglesias, no está en la ley en sí, sino en lo que ocurre después de que el expulsado cruza la frontera. Muchos de estos detenidos, ha explicado, aprovechan la confusión burocrática en sus países de origen para regresar a España sin haber cumplido el plazo de prohibición.
"Muchos de estos, sobre todo los magrebís, entran con otro nombre"
"Se vio en el último paso migratorio que hubo; entraron varios que aprovecharon que, a río revuelto, ganancia de pescadores, y entraron después de haber sido expulsados del país. Son exdelincuentes que se cambian el nombre y vuelven a entrar sin haber pasado ese periodo de cinco años de prohibición de entrar en el país", ha explicado el portavoz sindical, que ha resumido así el reto que enfrentan las autoridades fronterizas: "El problema es que cada día van a entrar con una documentación distinta, con una documentación falsa".
Saturación en las prisiones
El caso de los doce detenidos por la emboscada de Benzú se produce en paralelo a una denuncia más amplia de CSIF sobre la situación del Centro Penitenciario de Ceuta. El sindicato ha elevado un escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el que alerta de un "incremento sostenido y alarmante" de la población reclusa desde que, el pasado 30 de julio, se produjera la primera oleada de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, agravada después por la implantación del Mando Único bajo la Ley de Seguridad Nacional.
Según el escrito sindical, la masificación está quebrando el sistema de separación y clasificación interior de los internos, lo que impide desarrollar con eficacia los programas de reeducación y reinserción que marca la Constitución. CSIF denuncia también que la falta de refuerzo de personal está exponiendo a la plantilla a un riesgo físico y psicosocial que califica de inasumible para su integridad.
Para contener la situación, el sindicato reclama fijar de forma urgente un límite de capacidad operativa máxima de 280 internos en el centro penitenciario, así como programar de inmediato traslados extraordinarios y periódicos de reclusos hacia prisiones de la Península que permitan descongestionar las dependencias de la ciudad autónoma.
La crisis migratoria en Ceuta lleva más de tres semanas concentrando la atención del Gobierno, que anunció el Mando Único para la ciudad tras 25 días de crisis y después de haber negado esa posibilidad la semana anterior, según ha informado también este diario. El episodio de la emboscada a los militares en Benzú, ocurrido el pasado 27 de agosto, se ha convertido en uno de los puntos más visibles de esa tensión.
Queda por ver si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias atiende la petición de traslados que reclama CSIF y, sobre todo, si las autoridades logran cerrar el resquicio que denuncia Iglesias: mientras la identificación de quienes ya han sido expulsados siga dependiendo de una documentación fácil de falsificar, la frontera seguirá teniendo la puerta entreabierta para quienes ya la cruzaron una vez.
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