El Gobierno prepara el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja de forma urgente en el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva de finales de julio, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado el propio departamento. La medida se enmarca en un plan integral de choque pactado con la ciudad autónoma, que continúa desbordada casi tres semanas después de que miles de personas cruzaran la frontera a nado y a pie.

Fuentes del Ministerio explican que el plan combina el reparto obligatorio entre comunidades autónomas previsto en el real decreto de acogida y el acogimiento familiar, junto a fórmulas adicionales para agilizar la salida de los perfiles más vulnerables. Entre ellas figura que organizaciones de protección a la infancia se hagan cargo de estas menores sin necesidad de transferir la tutela a las comunidades, un mecanismo pensado para no chocar con la resistencia de varios gobiernos autonómicos a recibir más menores no acompañados.

La presión de Unicef

Unicef ha reclamado que la salida se acelere. La organización ha alertado este miércoles de la situación de "inseguridad e insalubridad" en la que se encuentran cientos de menores en la ciudad, muchos de ellos sin identificar de forma adecuada. Según Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, "cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención sanitaria".

Cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres

Un equipo de la organización se ha desplazado a Ceuta para impulsar la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias, un dispositivo que debería facilitar la identificación de los menores solos y su derivación a plazas seguras. Unicef calcula que harían falta al menos tres unidades móviles para agilizar ese trabajo, y advierte de que su despliegue depende de que se le doten recursos suficientes.

Reprobación en el Senado

El desgaste político por la gestión de la crisis se ha trasladado esta semana al Senado. La portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, ha anunciado que su grupo presentará una moción para pedir la reprobación de cinco ministros: José Manuel Albares (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad). "Lo que ocurrió allí no fue un incidente más, fue una ocupación premeditada y sin precedentes en el territorio español. Y lo que es más grave es que el Gobierno lo sabía y no hizo nada", ha dicho García en rueda de prensa.

El vicesecretario del PP Elías Bendodo ha ido más allá al acusar a Pedro Sánchez de "frialdad" ante la crisis y de seguir de vacaciones en Lanzarote casi tres semanas después de la entrada masiva. Según Bendodo, el Gobierno no se dedica a resolver el problema sino a "silenciar a quien denuncia y ocultar la realidad", y ha recordado que en la ciudad siguen acampadas más de 10.000 personas pese a que el Ejecutivo aseguró haber resuelto la situación en 24 horas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viaja de nuevo este miércoles a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El plan choca con Marruecos

El propio plan de traslado de las 500 niñas ha generado fricción dentro del debate político. El vicesecretario del PP Juan Bravo ha cuestionado la decisión y ha defendido que "el interés superior del menor es estar con su familia", recordando que la Comisión Europea ha avalado el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí y que Marruecos ha pedido formalmente que regresen. Bravo ha reprochado al Gobierno que hable de proteger a las menores mientras, a su juicio, existe margen legal para devolverlas a su país de origen.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ministra Elma Saiz ha defendido que el criterio que guía las decisiones es el interés superior del menor, y ha seguido en Ceuta coordinando con las autoridades locales la habilitación de nuevos espacios de acogida. El lunes se pactaron cuatro instalaciones adicionales para albergar a 1.500 inmigrantes, en un intento de sacar a la gente de las playas donde se han levantado asentamientos improvisados desde el 30 de julio.

Qué queda por resolver

La cifra de 500 menores no es definitiva y el propio Ministerio admite que puede variar mientras avanza el proceso de identificación. A la presión política y humanitaria se suma la de los sindicatos policiales y la del Poder Judicial, que llevan semanas reclamando más medios para gestionar una crisis que, según cifras oficiales citadas por el Instituto de Medicina Legal de Ceuta, ha dejado 82 personas fallecidas desde finales de julio. El Gobierno sostiene que los refuerzos ya están en marcha, aunque reconoce que algunas peticiones, como las de la justicia, siguen sin formalizarse casi tres semanas después de haberse ofrecido.

Con miles de personas todavía en la calle y el foco puesto ahora en la infancia, la gestión de Ceuta sigue marcando la agenda política del verano. Queda por ver si el plan de traslado logra ejecutarse al ritmo que reclama Unicef y si las comunidades autónomas, muchas reticentes hasta ahora, asumen finalmente la parte de acogida que les corresponde por ley.