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Ceuta, mes y medio después de la avalancha migratoria: hospitales desbordados y una agente en la UCI

Una semana antes de que Feijóo visite la ciudad junto al líder del PP europeo, Ceuta sigue arrastrando las consecuencias de la entrada masiva de finales de julio mientras el Gobierno defiende su gestión y la política nacional se agita con la suspensión judicial de la ley de nietos.

Ceuta, mes y medio después de la avalancha migratoria: hospitales desbordados y una agente en la UCI
Imagen: El País

Ceuta cumple este lunes mes y medio desde la entrada masiva de migrantes marroquíes de finales de julio y la ciudad autónoma sigue notando la presión. Según recoge OKDiario, las urgencias del hospital ceutí atienden unos 300 pacientes al día y hay temor a brotes de sarna y tuberculosis, mientras asociaciones vecinales piden cerrar las duchas públicas de las playas por contaminación química. Una agente de la Policía de Extranjería sufrió un infarto que sus compañeros atribuyen al "brutal nivel de estrés acumulado" y permanece ingresada en la UCI, un episodio que ha puesto rostro al desgaste de los cuerpos de seguridad desplegados en la frontera.

Cómo empezó todo

La crisis arrancó los días 30 y 31 de julio, cuando el Ministerio del Interior estimó en 72.000 las personas que accedieron de forma irregular a Ceuta, la mayoría a pie bordeando el espigón de El Tarajal o a nado; el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, elevó entonces la cifra a 60.000. Miles de personas formaron una columna de cinco kilómetros desde Castillejos. Un informe de la consultora Golden Owl, fechado el 3 de agosto, concluyó que la movilización respondía a una operación de desinformación coordinada, con un núcleo organizador en canales privados y una red de difusión pública en Facebook. Los servicios de inteligencia españoles atribuyeron a las autoridades marroquíes haber "permitido y facilitado" los cruces, aunque sin pruebas de una planificación premeditada por parte de Rabat, que niega haber relajado deliberadamente sus controles y apunta a las redes de tráfico de personas.

El balance oficial de víctimas mortales se ha ido elevando con el paso de las semanas: de los 34 a 43 fallecidos que se manejaban el 31 de julio se pasó a 67 el 1 de agosto, hasta fijarse en 141 muertos, 78 en territorio español y 63 en el marroquí, la mayoría por ahogamiento.

La respuesta del Gobierno

Pedro Sánchez calificó los hechos de "violación de la integridad territorial" de España y reclamó una respuesta coordinada a escala europea. El Ejecutivo cerró temporalmente el paso de Beni Enzar en Melilla, instaló una barrera marítima provisional de 500 metros en el espigón del Tarajal y habilitó cuatro espacios de acogida temporal con 1.500 plazas iniciales. Los fondos destinados a la crisis se ampliaron el 28 de agosto hasta los 44,51 millones de euros, y el Gobierno declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional, con un mando único encomendado a Ángel Víctor Torres.

Una violación de la integridad territorial

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció en el Congreso para defender la "cooperación" de Marruecos: según sus datos, en agosto solo se produjeron 17 entradas irregulares tras la avalancha de julio y la gendarmería marroquí abortó otros 174 intentos. Marlaska añadió que más de 4.600 personas de las que entraron a finales de julio han salido de forma voluntaria de Ceuta desde el 10 de agosto y que se han movilizado más de 600 agentes adicionales, hasta superar los 1.600 policías y guardias civiles desplegados, con un presupuesto de 19 millones de euros. Este lunes, el ministro ha situado el proceso de triaje de los recién llegados a "velocidad de crucero", mientras la ciudad autónoma reclamaba al Ministerio para la Transición Ecológica medidas urgentes por el deterioro ambiental de sus playas. Pese a esas cifras, PP y Vox han cuestionado en el Congreso la previsión del Gobierno y la fiabilidad de Marruecos como socio migratorio.

Feijóo prepara su visita

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Ceuta el próximo lunes acompañado por el presidente del PP europeo, Manfred Weber, con el objetivo de "europeizar" el problema migratorio, según explicó el portavoz popular, Borja Sémper. El choque político no se limita a la oposición: el ministro Óscar López acusó este lunes al Gobierno ceutí de "deslealtad" institucional, lamentando que, pese a que "el Gobierno se vuelca con Ceuta", escuche "cosas verdaderamente desleales" desde la propia ciudad autónoma. La vicepresidenta Yolanda Díaz, por su parte, acusó al líder del PP de ser un "pirómano del odio" por el tono de sus intervenciones sobre la frontera.

La agenda política del lunes no se ha limitado a Ceuta. El CIS ha hecho público su barómetro de septiembre, que sitúa al PSOE por delante del PP, con una ventaja de 5,5 puntos según los datos dirigidos por José Félix Tezanos, aunque el propio instituto reconoce que los socialistas retroceden dos puntos respecto al sondeo anterior. En paralelo, la Junta Electoral Central ha ordenado a los registros consulares desglosar los expedientes de inscripciones censales tramitadas al amparo de la conocida como ley de nietos, después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente esas altas en el censo electoral; Óscar López ha calificado la decisión judicial de "salvajada" y "atropello democrático". El Gobierno ha anunciado además que el presidente francés, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los días 29 y 30 de septiembre, en la que se reunirá con los Reyes y con Sánchez.

Queda por ver si el proceso de triaje que Marlaska da por asentado logra reducir de verdad la presión asistencial y de seguridad que describen desde Ceuta, y si la visita de Feijóo con Weber consigue trasladar el debate migratorio al terreno europeo que reclama el PP. Entre datos del CIS, el litigio judicial por la ley de nietos y la próxima visita de Macron, la crisis de la ciudad autónoma sigue marcando, mes y medio después, el pulso político del Gobierno.

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