Ceuta, mes y medio después: ni una dimisión ni un plan, solo gestión sobre la marcha

Ha pasado mes y medio desde que más de 70.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera del Tarajal entre el 30 y el 31 de julio, en la que se considera la mayor entrada masiva de migrantes registrada nunca en Ceuta. Según recoge este sábado el director de El Español, Pedro J. Ramírez, en su videoblog, el balance a día de hoy es que Pedro Sánchez «ni reacciona ni dimite», pese a que la crisis sigue sin cerrarse ni política ni humanitariamente.

El origen del Tarajal

El Gobierno evitó desde el primer momento hablar de invasión. Según declaraciones del propio Sánchez recogidas por El Español, Ceuta y Melilla deben asumir «una realidad estructural» de llegadas masivas, y los migrantes «no son invasores» sino personas que buscan una vida mejor, en un intento de desactivar lo que el presidente calificó de discurso del miedo. La ciudad autónoma, sin embargo, llevaba semanas advirtiendo de que la presión migratoria se estaba acercando a un punto de ruptura.

La respuesta operativa tardó en llegar. Según moncloa.com, no fue hasta el 18 de agosto, dieciocho días después de la entrada masiva, cuando la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), cerraron un pacto para habilitar cuatro espacios con capacidad para 1.500 personas. El Gobierno central, según la misma fuente, atribuyó parte del retraso a la presión que la derecha estaba ejerciendo sobre Vivas, mientras este endurecía su discurso y llegaba a amenazar con acciones legales.

Sánchez ni reacciona ni dimite

Vecinos, colegios y una crisis que crece

El 25 de agosto, los vecinos del barrio de La Libertad protagonizaron protestas espontáneas al conocer que varios de los emplazamientos elegidos para alojar a los migrantes estaban junto a colegios, según moncloa.com. La presión vecinal obligó al mando único a renegociar la ubicación de los espacios con el Gobierno de Ceuta, y el plan acabó ampliándose hasta las 11.300 plazas. Ese mismo malestar sigue vivo hoy: este sábado la Policía ha comenzado el traslado de cientos de migrantes desde la playa de Ceuta a una nueva instalación habilitada, mientras el portavoz del Gobierno, Patxi López, admitía en rueda de prensa que la ciudad autónoma está «lejos de la normalidad».

Documentos, encuestas y un CNI incómodo

El pasado 9 de septiembre, el Gobierno desclasificó cuarenta documentos sobre la avalancha del Tarajal, con los que, según su versión, pretende demostrar que ningún servicio de inteligencia advirtió de la magnitud de lo que se avecinaba. La gestión de la crisis, sin embargo, no convence a la opinión pública: una encuesta de El País cifra en el 63% el porcentaje de españoles que califica la actuación de Sánchez de «mal» o «muy mal». En paralelo, crece el malestar dentro del CNI por el papel que se atribuye a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en permitir que Moncloa utilice al servicio de inteligencia como chivo expiatorio de lo ocurrido en Ceuta.

A la falta de anticipación se suma otro frente delicado: un informe policial, según ha trascendido, atribuye a fuerzas de seguridad marroquíes un papel activo en la planificación y ejecución de la entrada masiva del 30 de julio. La ciudad autónoma de Ceuta ya ha anunciado que se personará como acusación particular por lo ocurrido en el Tarajal, un paso que obligará a la Justicia a esclarecer hasta qué punto hubo dejación de funciones a uno y otro lado de la frontera.

Qué queda por ver

Mes y medio después, ni ha habido una comparecencia de Sánchez asumiendo responsabilidad política por lo ocurrido, ni se ha producido ninguna dimisión en el Ejecutivo pese a las dudas sobre la coordinación entre Interior, Defensa y el Ministerio de Migraciones. Queda por ver si la causa judicial abierta por Ceuta y el informe sobre el papel marroquí en la entrada terminan forzando explicaciones que, hasta ahora, el Gobierno ha preferido esquivar.