Ceuta afronta el pulso por el reparto de menores mientras Bruselas examina la crisis migratoria

Una semana después de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el 30 de julio, la ciudad autónoma sigue gestionando las consecuencias de la crisis en dos frentes distintos. Por un lado, la Policía Nacional continúa con el triaje de las cerca de 2.500 personas que llegaron a la frontera, con el objetivo de resolver las solicitudes de asilo. Por otro, la disputa política por el reparto de los menores no acompañados ha escalado hasta el Parlamento Europeo, según ha informado EFE.

El pulso por los menores

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha confirmado que ya se ha identificado a 528 de los 1.098 menores migrantes que permanecen bajo tutela de la ciudad autónoma, aunque ha reconocido que «todavía hay menores por las calles», una situación que calificó de «gran preocupación» compartida con el Ejecutivo local, según EFE. El reparto de esos menores entre comunidades autónomas se ha convertido en el principal punto de fricción política de los últimos días.

El Gobierno de Navarra ha ofrecido a Ceuta su disposición a acoger a parte de esos menores y ha reclamado una respuesta coordinada de todas las autonomías. Su consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha recordado que el mecanismo de distribución es de carácter obligatorio y ha advertido de que «ninguna administración puede situarse al margen de la ley», según ha trasladado EFE. En el extremo opuesto, los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, formados por PP y Vox, han anunciado que rechazarán el reparto amparándose en sus pactos de coalición, mientras que Aragón ha anunciado que recurrirá a «todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos» a su alcance para impedirlo, según EFE.

A la negativa de esas tres comunidades se suma la posición de Junts, cuya portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido de que su formación retirará el apoyo a cualquier iniciativa del Gobierno si Cataluña es incluida en el reparto, según ha informado EFE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido recordando que las comunidades están obligadas a cumplir la Ley de Extranjería y ha expresado su confianza en evitar un conflicto judicial, aunque no lo ha descartado, según la misma agencia.

«Ninguna administración puede situarse al margen de la ley»

El balance humano

Mientras se dirime el reparto, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta continúa con la identificación de las víctimas mortales de la crisis. Según Servimedia, el instituto ha recibido 79 cuerpos recuperados del mar desde la entrada masiva del 30 de julio, de los que ya se han practicado 77 autopsias, con las dos restantes previstas para completarse este miércoles. Hasta el momento solo dos fallecidos han podido ser identificados, ambos por huellas dactilares al estar previamente registrados en España, a la espera de la validación judicial. Los equipos forenses trabajan además en recoger huellas y muestras biológicas del resto de cuerpos, con la intención de remitir esa información a Marruecos para facilitar la localización de sus familias, según la misma fuente.

En paralelo, Vox ha presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta y contra «cuantas autoridades resulten de la investigación» por la gestión de la crisis, solicitando que un juez determine si hubo omisiones previas a la entrada masiva, según ha informado EFE. El partido de Santiago Abascal reclama también reforzar la presencia del Ejército y la Armada en el entorno del espigón del Tarajal y ha rechazado destinar más fondos públicos a la atención de los menores migrantes.

Bruselas entra en escena

El foco de la crisis se traslada también a Europa. La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, LIBE, celebra este jueves una reunión extraordinaria a petición del Partido Popular Europeo para analizar la gestión de la emergencia en Ceuta, la seguridad de la frontera exterior de la Unión y la eficacia de la política de retornos, según EFE. Al encuentro han sido invitados el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el comisario europeo Magnus Brunner, y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz. La sesión servirá de antesala a un debate en el pleno del Parlamento Europeo previsto para septiembre en Estrasburgo.

Los ministros del Interior de la UE ya han respaldado reforzar los sistemas de alerta temprana y el seguimiento de redes sociales para anticipar futuros episodios de presión migratoria, en la línea de lo defendido por el propio Carlos Cuerpo, que ha dado por superada la fase más crítica de la crisis y sitúa ahora el objetivo en recuperar la normalidad en la ciudad. El Ejecutivo ha cuantificado además el golpe económico sobre el pequeño comercio, cuyo consumo eléctrico llegó a caer un 35% durante los días 31 de julio y 1 de agosto.

Con el dispositivo de seguridad todavía reforzado en el entorno del Tarajal y cerca de 2.000 personas pendientes de resolución en Ceuta, la crisis migratoria dista de estar cerrada. Al debate judicial y europeo que arranca esta semana se suma el pulso territorial por el reparto de menores, que amenaza con acabar en los tribunales si las comunidades que se niegan a acoger mantienen su postura.