Ceuta se convierte en el centro de la política española: ultimátum, un nuevo campamento junto a tanques de combustible y militares agredidos

La crisis migratoria de Ceuta cumple siete semanas sin visos de resolverse y este jueves ha vuelto a marcar la agenda política nacional. A la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional se suman ahora un nuevo campamento levantado por el Gobierno junto a tanques de combustible, la agresión a dos militares desplegados en la ciudad autónoma y un choque cada vez más abierto entre el Ejecutivo, la Ciudad Autónoma y varias comunidades por el reparto de menores no acompañados.

El nuevo campamento

Según ha informado OKDiario, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha levantado un nuevo centro de acogida para los migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La instalación se encuentra, de nuevo, a escasos metros de varios tanques de combustible de la empresa Moeve, la misma circunstancia que llevó a la Audiencia Nacional a paralizar en primera instancia el campamento anterior. Pese a ello, el tribunal ha rechazado este jueves la petición cautelarísima del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para suspender de nuevo la instalación, al considerar que no está justificada la medida en el limitado ámbito de lo cautelar.

El Ministerio del Interior, por su parte, ha confirmado que ordenó reforzar temporalmente la seguridad del Puerto de Ceuta al detectar un «incremento de los riesgos» derivado de la instalación del campamento en una infraestructura considerada crítica y sensible.

Ceuta es España, y la mejor España

La tensión se ha trasladado también al ámbito militar. Según ha trascendido, dos militares desplegados en Ceuta permanecen ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras sufrir agresiones por parte de inmigrantes durante su despliegue. El PP ha aprovechado el episodio para reclamar de nuevo al Gobierno que reconozca a los militares como agentes de la autoridad, llegando a preguntarse si «tiene que morir alguien» para que el Ejecutivo actúe. En paralelo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a la OTAN que proteja el flanco sur con el mismo compromiso que el flanco este, subrayando que Ceuta y Melilla son «una parte de España y la mejor España».

El frente judicial y el reparto de menores

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre la entrada masiva del 30 de julio, en la que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha personado como acusación particular. Según ha explicado el propio Vivas, ha sido citado a declarar como testigo ante la jueza instructora, María Tardón, y tiene previsto trasladarle las llamadas y alertas que remitió al Gobierno en los días previos a la crisis. El tribunal también ha desestimado en las últimas semanas decenas de recursos de ciudadanos marroquíes contra la denegación de protección internacional, al considerar que los relatos de persecución alegados carecían de indicios mínimos, según fuentes judiciales citadas por OKDiario.

El reparto de menores extranjeros no acompañados se ha convertido en otro punto de fricción entre administraciones. Castilla y León ha explicado que atiende ya a 164 menores, un 26% más que las plazas disponibles, y ha anunciado que explorará «al máximo» la vía de acuerdos bilaterales para su repatriación, bajo la premisa de que «están mejor con sus familias». La Región de Murcia, por su parte, ha denunciado que el Real Decreto que fija 553 plazas de acogida impone una «fórmula matemática» que no atiende a la capacidad real de su sistema, ya «sobreocupado», y ha acusado al Gobierno de vulnerar la autonomía financiera autonómica.

Desde el Gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido en que la solución pasa por trasladar a los migrantes, especialmente menores y niñas en riesgo, a la península, acusando al PP de «hipocresía» por pedir ayuda para Ceuta mientras rechaza acoger a migrantes en las comunidades que gobierna. El Ejecutivo ha trasladado además al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, su respaldo a cambios legales en la UE para acelerar los procesos de retorno y asilo en crisis como la ceutí.

Cruce de reproches políticos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con Brunner para reclamar el «retorno inmediato» de quienes entraron de forma irregular, insistiendo en que España «no está ante una crisis migratoria, sino ante un ataque a su integridad territorial». Vox, por su parte, ha registrado en el Congreso una iniciativa para exigir la «presencia permanente» de las Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla. Juan Jesús Vivas ha respondido a las críticas del presidente Sánchez, que el miércoles señaló que la situación de los menores es competencia del propio Vivas, calificando esas palabras de «salida de tono» y recordando que la competencia corresponde al Ministerio del Interior.

En medio de la crisis, la empresa pública Navantia ha entregado este jueves a la Marina Real de Marruecos una patrullera militar construida en su astillero de San Fernando, 49 días después de la entrada masiva, mientras la Audiencia Nacional investiga si esa entrada supuso una vulneración de la integridad y la independencia de España, según ha informado OKDiario.

Con la investigación judicial en marcha, el nuevo campamento operativo y el desacuerdo sobre el reparto de menores sin resolver, la crisis de Ceuta sigue abierta en varios frentes a la vez. Queda por ver si la citación de Vivas ante la jueza Tardón aporta nuevos elementos a la causa y si el Gobierno logra desbloquear los trámites de retorno que la oposición le reclama desde hace semanas.