El CGPJ se divide y aplaza la decisión sobre expedientar al juez Peinado

La falta de consenso entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado en el aire la decisión sobre las cinco diligencias informativas abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según La Razón, la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces no logró cerrar este martes si archivar el expediente, tal y como propone el promotor de la acción disciplinaria, o abrirlo formalmente.

La comisión permanente, el máximo órgano de decisión entre plenos del CGPJ, tenía previsto resolver este martes si seguía el criterio del promotor de la acción disciplinaria (la sección encargada de instruir los expedientes contra jueces) y archivaba las diligencias, o si daba el paso de expedientar al magistrado. Sin acuerdo entre sus miembros, el asunto queda pendiente y obligará a nuevas deliberaciones en los próximos días, según el citado diario.

Cinco quejas, varios firmantes

Las quejas contra el instructor del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no tienen un único origen. Las presentaron la propia comisión permanente, un particular, la asesora de Moncloa de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el grupo municipal de Más Madrid, el diputado socialista Guillermo Hita y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Este último, según recoge La Razón, sostiene que el juez actuó de forma «irregular» cuando le interrogó como testigo en el Palacio de la Moncloa.

Los policías que ejercen de escolta de presidencia podrían ayudarla a fugarse

La investigación de mayor calado, sin embargo, es la que atañe a las afirmaciones del propio Peinado en el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Según recoge el diario, el magistrado llegó a apuntar que los policías que ejercen de escolta de presidencia podrían ayudarla a fugarse, uno de los argumentos con los que justificó las medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia quincenal ante el juzgado.

Dos días de reunión extraordinaria

Esas afirmaciones sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaron al CGPJ a reunirse con carácter extraordinario durante dos jornadas para estudiar si procedía abrir expediente disciplinario al magistrado, según La Razón.

La propia comisión permanente decidió entonces, con los cuatro votos de los vocales progresistas y el voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, remitir al promotor de la acción disciplinaria una copia del auto para que valorase si esas expresiones eran constitutivas de una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los cuatro vocales conservadores votaron en contra, según recoge el diario.

Ese artículo contempla sanciones para los jueces que incurran en «exceso o abuso de autoridad» o «falta grave de consideración» hacia ciudadanos, instituciones o funcionarios de la Administración de Justicia, entre otros colectivos. Las penas van desde una multa de 6.000 euros hasta la exclusión de la carrera judicial, según detalla La Razón.

El desacuerdo de fondo

Los vocales conservadores ya dejaron constancia de su discrepancia con un voto particular. En él advierten de que el CGPJ no es el órgano competente para valorar esas expresiones y de que solo podría intervenir si lo solicitase el tribunal superior del juzgado en cuestión. Actuar sin esa petición, sostienen, supondría una injerencia que afectaría a los principios de independencia judicial y de exclusividad, según recoge el periódico.

Con la comisión permanente dividida en dos bloques y sin fecha fijada para una nueva votación, el destino del expediente contra Peinado queda, de momento, en manos de los tiempos internos del Consejo. Ni el promotor de la acción disciplinaria ni los propios vocales han trasladado cuándo podría resolverse el desacuerdo, según La Razón.