Conde-Pumpido evita un nuevo choque con el Supremo por la 'ley de nietos' antes del 29-N

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no va a embarcarse en un nuevo pulso con el Tribunal Supremo por la 'ley de nietos' antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según informa ABC, el alto tribunal de garantías descarta por ahora admitir cualquier recurso que reabra la batalla judicial sobre el censo de los españoles nacionalizados por la vía de la memoria democrática mientras dure la campaña.

La razón, según el citado diario, es doble. Por un lado, la Abogacía del Estado carece de legitimación para llevar al Constitucional un derecho que no le pertenece, el del voto de terceros, los propios nacionalizados. Por otro, los afectados que sí podrían recurrir a título individual están atados a los plazos que marca la Sala Tercera del Supremo tras el adelanto electoral, unos plazos que hacen prácticamente imposible resolver un amparo antes del 29 de noviembre.

El origen del pulso

La polémica arrancó en septiembre, cuando la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó suspender cautelarmente la inclusión en el censo electoral de los nacionalizados al amparo de la disposición octava de la ley de memoria democrática, la llamada 'ley de nietos', ampliada después por una instrucción de la subsecretaria de Justicia, Sofía Puente. El 12 de octubre, el propio Supremo rechazó el recurso que la Abogacía del Estado había presentado contra esa paralización y confirmó la suspensión, lo que en la práctica deja sin derecho a voto el 29 de noviembre a cerca de 400.000 personas, según las cifras que ha manejado el Gobierno.

Muchos de esos nacionalizados ya habían ejercido el derecho al voto en convocatorias anteriores desde 2023, lo que convirtió la decisión del Supremo en motivo de fricción política inmediata dentro del Ejecutivo.

Choque en Palacio Real

La resolución del 12 de octubre coincidió con la recepción de los Reyes en el Palacio Real por la Fiesta Nacional, y el malestar en el Gobierno fue instantáneo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentó ante periodistas que «el derecho al voto parece que no es tan relevante para algunos» y confirmó que el Ejecutivo estudiaría, a través de la Abogacía del Estado, si el fallo era recurrible ante el Constitucional.

«¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados no van a poder votar y los nietos del régimen sí van a poder votar?», se preguntó Pedro Sánchez, en declaraciones informales recogidas por ABC.

El presidente del Gobierno, que días antes había pedido en un mitin en Ponferrada a los magistrados del Supremo impedir «el intento de atropello» de PP y Vox, insistió en que no puede haber «ciudadanos de primera y de segunda» y señaló como responsables de la situación a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El líder del PP respondió que el Supremo «ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno» y a sus «chapuzas», y recordó que «en unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo».

Qué significa ahora

Lo que confirma hoy ABC es que ese órdago del Gobierno hacia el Constitucional no va a tener recorrido antes de los comicios. Al no poder la Abogacía del Estado defender un derecho ajeno, y al topar los propios afectados con los plazos procesales de la Sala Tercera, la vía judicial de última hora queda prácticamente cerrada para el 29 de noviembre.

La decisión deja a los cerca de 400.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' fuera del censo para estas elecciones, sin que de momento exista un atajo legal que revierta la situación antes de la jornada.

Queda por ver si, pasado el 29 de noviembre, los propios afectados optan por recurrir a título individual ante el Constitucional la suspensión del Supremo, y si ese litigio, ya sin la urgencia de las urnas, termina resolviendo lo que el calendario electoral no ha dejado ni empezar a discutir.