David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación: primera vez que un familiar de un presidente es sentenciado

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, imponiéndole nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. El tribunal le considera autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa en relación con la adjudicación de una plaza de coordinador de actividades del Conservatorio en la Diputación de Badajoz. No se le imponen penas de prisión, como sí solicitaban las acusaciones populares.

La sentencia, adoptada por unanimidad de la sala, también condena al expresidente de la Diputación y exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, junto a otras nueve personas implicadas en el proceso de creación y adjudicación del puesto. Según recoge ABC, es la primera vez en democracia que un familiar directo de un presidente del Gobierno resulta condenado por un tribunal.

Lo que acredita el tribunal

Los magistrados consideran probado que la Diputación de Badajoz creó una plaza a medida de David Sánchez, aunque no han dado por acreditado que se hiciera «con el designio» de favorecer directamente a Pedro Sánchez ni que existiera tráfico de influencias. La propia sentencia describe, según recoge ABC, que «el trabajo del Sr. Sánchez ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar, sino en las que, según sus propias preferencias y aspiraciones profesionales, él mismo fue eligiendo». Un retrato que evidencia la irregularidad del puesto pero que deja sin cerrar la conexión directa con la Presidencia del Gobierno.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias. La Fiscalía había solicitado la absolución de los acusados durante todo el procedimiento, sosteniendo que no existía base penal suficiente. Esa discrepancia entre Fiscalía y tribunal añade una capa más de controversia a un fallo que ya de por sí polariza.

Terremoto político en el Congreso

Las reacciones no se han hecho esperar. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha señalado en la red social X que se trata de «la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos», y ha reclamado que «nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea». Cuca Gamarra, del mismo partido, ha ido más allá al pedir que Sánchez deje la Presidencia. Miguel Tellado ha enmarcado la condena en lo que ha llamado «el circo de tres pistas» del Gobierno, sumando a la sentencia el informe de la UCO sobre pagos del PSOE y la citación de la abogada de Koldo.

Por primera vez en democracia, un familiar directo de un presidente del Gobierno es condenado por un tribunal.

Desde Vox, Santiago Abascal ha calificado al PSOE de «mafia» e Ignacio Garriga ha apuntado que Sánchez «no quiere soltar el poder» porque sabe que la Presidencia le protege. En la otra orilla, Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, ha tildado la sentencia de «barbaridad» y de «triunfo de la estrategia de la ultraderecha», argumentando que «no se ha perseguido un delito, sino a una persona por ser el hermano del presidente». El ministro Óscar López ha advertido de que el fallo «abre un precedente peligrosísimo».

La respuesta del Gobierno

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha puesto el foco en el «origen» de la denuncia, atribuyéndola a una «organización ultraderechista», y ha expresado la confianza del Gobierno en que «en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez». La vicesecretaria general del PSOE, Rebeca Torró, ha insistido en que «la propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia» y ha calificado el proceso de estrategia de desgaste.

Los socios del Gobierno también se han posicionado. Desde Sumar, Alberto Ibáñez (Compromís) ha considerado la condena «una auténtica desproporción» y un «aviso a navegantes», mientras que Antonio Maíllo, de Izquierda Unida, la ha llamado «disparate» y ha reclamado «avanzar en la democratización del Estado». Gabriel Rufián (ERC) ha calificado la condena de «previsible» y una «sobrada» judicial.

La Diputación de Badajoz, por su parte, ha reaccionado expresando «confianza en la justicia» y «respeto profundo» a la decisión del tribunal, comprometiéndose a mantener su colaboración con la Justicia «siempre que se le requiera».

Qué viene ahora

La sentencia no es firme. Varias voces del PSOE ya han anunciado su intención de recurrir, entre ellas Álvaro Sánchez Cotrina, líder socialista extremeño, que ha confirmado que «varios compañeros» le han trasladado esa voluntad. El recurso se presentaría ante instancias superiores, un camino que el Gobierno confía en que revierta el fallo. Mientras tanto, la condena se suma a los casos abiertos del entorno presidencial y promete condicionar el debate político durante los próximos meses, a poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027.