La Delegación del Gobierno se desvincula del desahucio de Maricarmen y remite la responsabilidad a la Justicia
El organismo asegura que la Policía Nacional actúa por mandato judicial en el cuarto intento de desalojo de la vecina de 87 años del Retiro y se declara en contra del desahucio.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha querido dejar clara este miércoles su posición ante el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio del Retiro que afronta el cuarto intento de desalojo de la vivienda en la que ha residido más de siete décadas: la Policía Nacional despliega el dispositivo por mandato judicial, no por orden del organismo, que además se declara contrario al lanzamiento.
Fuentes de la Delegación consultadas por Europa Press han aclarado que la institución no dirige el operativo policial desplegado en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, y han insistido en que los agentes se limitan a ejecutar una orden judicial ajena a sus competencias. Al mismo tiempo, según esas mismas fuentes, la Delegación se ha manifestado en contra del desahucio.
El cuarto intento
Maricarmen lleva 71 años viviendo en el mismo piso del Retiro y tiene reconocida una discapacidad del 50%. Paga actualmente 500 euros mensuales, pero la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., reclama 2.650 euros y se ha negado hasta ahora a negociar con la inquilina. Este es ya el cuarto intento de desahucio y, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, no admite recurso judicial, por lo que tendría carácter definitivo. La comisión judicial tenía previsto presentarse en el domicilio a partir de las 9.30 horas de este miércoles.
Fuentes presenciales han contabilizado más de una decena de vehículos policiales desplegados en torno a la vivienda, en un ambiente que testigos describen como de calma tensa mientras los manifestantes aguardaban la llegada de la comitiva judicial.
Una noche de acampada
El Sindicato de Inquilinas de Madrid convocó la tarde anterior un acto de apoyo a Maricarmen y una acampada nocturna frente a su portal, a la que acudieron cientos de personas dispuestas a pasar la noche al raso para tratar de frenar el desalojo. Entre los asistentes a la concentración figuraron la comunicadora Inés Hernand y la cantante y actriz Ana Belén, que defendió ante los medios la importancia de acompañar a la anciana. Durante el acto se corearon consignas contra los fondos de inversión propietarios de vivienda en el barrio.
Me quieren echar por el dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir
La propia Maricarmen intervino durante la concentración para expresar su rechazo al desalojo, en una frase que resume el fondo del conflicto entre la inquilina y la propiedad del inmueble.
Una oferta de última hora
Horas antes de que se conociera la postura de la Delegación, una escritora que ha preferido mantener el anonimato se ofreció a cubrir la diferencia entre lo que paga Maricarmen y los 2.650 euros que exige Urbagestión, de modo que la vecina pudiera seguir abonando sus 500 euros habituales. Según trasladó el Sindicato de Inquilinas, la propuesta llegó a la propiedad a través del abogado de la empresa, que hasta ese momento no había mostrado voluntad de acuerdo. La decisión quedaba, a última hora, en manos del fondo propietario.
El sindicato ha enmarcado el caso como un ejemplo del choque entre el derecho a la vivienda y la lógica de rentabilidad de los fondos inmobiliarios en el mercado del alquiler madrileño, un debate que en los últimos meses ha ganado peso político por la escalada de precios en la capital.
La aclaración de la Delegación del Gobierno, hecha pública apenas horas antes del lanzamiento, responde a las críticas que habían empezado a circular entre los manifestantes, que señalaban directamente al dispositivo policial como responsable material del desahucio. El organismo ha optado por separar su postura política, contraria al desalojo, de la actuación de los agentes, sujeta en última instancia a lo que ordene el juzgado.
Queda por ver si Urbagestión acepta la oferta de la escritora anónima antes de que la comisión judicial complete el lanzamiento, y si la presión acumulada durante la noche en torno a la vivienda logra, como en los tres intentos anteriores, que el desahucio vuelva a paralizarse.
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