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El ático de lujo del Gobierno de Ayuso tampoco podría usarse como residencia oficial

Tras descartarse su uso como oficina, urbanistas consultados por El País sostienen que la normativa municipal también impide destinar el piso de Chamberí a vivienda institucional de la presidenta madrileña.

El ático de lujo del Gobierno de Ayuso tampoco podría usarse como residencia oficial
Imagen: El País

El Gobierno de la Comunidad de Madrid encadena una segunda explicación fallida para el ático de Chamberí. Un día después de que Isabel Díaz Ayuso derivara todas las preguntas sobre el inmueble a su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, este apuntó un argumento nuevo: que Madrid carece de residencia oficial para su presidenta, a diferencia de otras comunidades. Según recoge El País, varios expertos en urbanismo consultados afirman que ese uso tampoco encajaría en la normativa del edificio.

La primera versión ya cayó

La explicación inicial del Ejecutivo autonómico fue que el piso de 485 metros cuadrados, adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, serviría de oficina temporal mientras se terminaban las obras en la sede de la Puerta del Sol. Esa opción quedó descartada porque el planeamiento municipal no permite despachos en una novena planta: según el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), las oficinas solo están autorizadas hasta la primera planta del edificio.

Ante ese muro normativo, el Gobierno regional decidió poner el ático en venta y destinar lo obtenido, junto al de otros cuatro inmuebles en Gran Vía, a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Fue en ese contexto donde García Martín introdujo el argumento de la residencia oficial, una idea que Ayuso ya había planteado en la Asamblea de Madrid en marzo de 2024, cuando llevaba veinte años de alquiler y reclamó una vivienda institucional para evitar lo que entonces llamó "escarnio bochornoso".

Una residencia oficial de una presidenta, un ministro o un diplomático no es una vivienda normal

Lo que dicen los expertos

Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, explica a El País que una residencia oficial "es una figura que existe", un servicio que la administración presta a su máximo representante con titularidad de la Comunidad y características propias de seguridad. En su opinión, el ático solo podría funcionar como vivienda privada no oficial, nunca como sede institucional, porque Planifica Madrid, según Giraldo, sabía al comprarlo que el único uso permitido en esa planta es el residencial ordinario.

Enrique Manzano, portavoz de Renovación del COAM, coincide en que una residencia oficial se asimilaría al uso dotacional de administración pública, el mismo que ya impidió instalar las oficinas, y que ese uso solo cabe hasta la primera planta del inmueble. No así José Manuel Calvo, exdelegado de Urbanismo del Ayuntamiento, que sí ve margen para plantear una residencia oficial como uso residencial con actividades institucionales complementarias, apoyándose en la capacidad de la administración para modificar el planeamiento o justificar actuaciones por interés general.

Calvo matiza, no obstante, que si el Gobierno madrileño optara por esa vía después de conocerse la polémica, podría interpretarse como una solución diseñada a posteriori para salvar la compra, no como una decisión previa y planificada.

Cómo lo resuelven otras comunidades

El debate expone además una asimetría entre autonomías. País Vasco, Cataluña, Extremadura y Canarias cuentan con inmuebles institucionales para sus presidentes, aunque no todos se usan como vivienda habitual y algunos se reservan para actos oficiales. Murcia, Navarra, Baleares, Cantabria y La Rioja carecen de esa figura, igual que Madrid. Comunidad Valenciana y Andalucía siguen un modelo distinto, con ayudas económicas para sufragar la vivienda cuando el presidente reside lejos de la capital autonómica.

Con el ático ya en proceso de venta, el Gobierno de Ayuso ha insistido en que el piso "no era su casa" ni estaba pensado para ella. Queda por ver si el argumento de la residencia oficial se queda en un episodio más de la polémica o si el Ejecutivo madrileño llega a plantear formalmente esa fórmula para una futura vivienda institucional, algo que, según los propios expertos consultados, exigiría cambios normativos y el acuerdo del resto de vecinos del edificio.

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