Ester Muñoz acusa a Sánchez de "dejación de funciones manifiesta y dolosa" en Ceuta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado este miércoles la dimisión de Pedro Sánchez por lo que ha descrito como "la mentira de Estado" y "la dejación de funciones manifiesta y dolosa" que, a su juicio, quedan retratadas en los 40 documentos desclasificados por el propio Ejecutivo sobre la entrada masiva de 70.000 personas procedentes de Marruecos hacia Ceuta.

El origen del choque

El episodio se remonta a la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma, un suceso que desde entonces ha enfrentado al Gobierno con la oposición sobre si existían avisos previos capaces de haberlo anticipado. Según ha explicado Muñoz desde la Cámara Baja, la documentación desclasificada demuestra que el Ejecutivo faltó a la verdad cuando sostuvo, en las semanas posteriores, que "no había nada, que no recibieron ningún informe, que no sabían nada de la invasión y que era imposible de predecir".

"Son responsables directos de la invasión en Ceuta", ha aseverado la dirigente popular, que ha acusado a Sánchez de haber "mentido a los españoles a la cara" con "una frialdad alarmante" durante "40 días" tras marcharse "de vacaciones" sin "escrúpulos". Muñoz ha advertido además al jefe del Ejecutivo de que "ya no puede utilizar a nadie como cabeza de turco" y de que debe ser él quien asuma su responsabilidad política.

"La dejación de funciones manifiesta y dolosa"

Los documentos del CNI

El PP sostiene que la comunicación remitida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la Delegación del Gobierno en Ceuta, en la que se advertía de la existencia de dos grupos organizadores con 180.000 seguidores en redes sociales, "desmonta de forma definitiva la versión oficial" mantenida hasta ahora por el Ejecutivo. A ese argumento, los populares suman otros dos elementos que, según Muñoz, agravan la responsabilidad del Gobierno: el asalto a la frontera sorprendió a la Guardia Civil con "cinco agentes y cuatro buceadores" desplegados, pese a que el cuerpo había solicitado un refuerzo tras la sentencia del Supremo que impedía las devoluciones en caliente en el mar, y ni Sánchez ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atendieron al teléfono cuando el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, intentó contactar con ellos durante los incidentes.

El PP ha evitado, no obstante, precisar si emprenderá alguna vía judicial con la documentación publicada este miércoles. Muñoz tampoco ha querido pronunciarse sobre si los informes acercan a Sánchez o a Marlaska a sentarse en el banquillo, y ha remitido esa cuestión a la instrucción que lleva la jueza María Tardón. Los populares se han mostrado convencidos, eso sí, de que la información que permanece bajo secreto es "aún más grave" que la ya desclasificada.

La versión del Gobierno

El Ejecutivo mantiene una versión distinta. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado desde Bruselas que ni la Comisión Europea ni Frontex tuvieron "indicio" alguno de lo que iba a ocurrir los días previos a la entrada masiva, pese a que la agencia europea cuenta con "medios satelitales importantes" y monitoriza de forma permanente las fronteras exteriores de la Unión. "A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio", ha defendido el ministro, que ha insistido en que todos los ministerios y cuerpos de la Administración actuaron "desde el primer minuto" para frenar el flujo migratorio y después revertirlo.

La disputa por los informes de inteligencia coincide con otros frentes abiertos en Ceuta. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha reconocido esta semana un "clima de ansiedad" en la vuelta al colegio, que arrancó con una asistencia del 75% entre alumnos y profesores, mientras el Gobierno ha reforzado la seguridad para intentar devolver la normalidad a las aulas. En paralelo, Vox ha calificado los informes desclasificados de "mentira criminal" de Sánchez, en una ofensiva de la oposición que por ahora no ha encontrado respuesta unificada por parte del Ejecutivo más allá de las explicaciones puntuales de sus ministros.

Qué queda por ver

El choque entre las dos versiones, la del PP y la de Exteriores, deja sin resolver la pregunta central: qué sabía exactamente el Gobierno antes del 30 de julio y cuándo lo supo. La instrucción judicial a cargo de la jueza Tardón, junto con la eventual desclasificación de la documentación que aún permanece bajo secreto, serán los elementos que en las próximas semanas puedan aclarar si hubo o no negligencia en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.