El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se saltó una norma interna con el espía marroquí
Jesús Alonso rechazó recibir a un emisario del exespía marroquí Mehdi Hijaouy que decía tener pruebas del hackeo con Pegasus al móvil de Sánchez, según reveló ABC.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, habría actuado en contra de una circular de la Fiscalía General del Estado al rechazar recibir información, en octubre de 2024, de un emisario del exnúmero dos de los servicios secretos marroquíes, Mehdi Hijaouy, según reveló ABC. El emisario afirmaba tener pruebas del hackeo con la herramienta Pegasus al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros.
El encuentro rechazado
Según la información desvelada por el diario, el emisario transmitió a Alonso el interés de Hijaouy en aportar pruebas sobre el espionaje, un asunto que asociaciones como Amnistía Internacional llevan años pidiendo esclarecer, ya que el hackeo también habría afectado a activistas y periodistas. El fiscal jefe, sin embargo, no recibió la denuncia ni ordenó averiguación alguna. A través de su secretaria, le indicó que, dado que el asunto ya estaba judicializado, lo procedente era comunicarlo directamente al juzgado instructor.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había abierto dos años antes una investigación para determinar la autoría del espionaje a miembros del Gobierno mediante Pegasus. Esa causa fue archivada en julio de 2023, reabierta meses después y cerrada de forma definitiva en enero de 2026, al negarse Israel, país donde tiene su sede NSO Group, la empresa creadora del programa espía, a contestar las comisiones rogatorias cursadas.
La actuación de Alonso fue contraria tanto a la citada circular como a la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal
Qué dice la circular
Fuentes fiscales consultadas por ABC consideran que la actuación de Alonso contraviene la circular interna 2/22, que obliga al Ministerio Fiscal a realizar averiguaciones cuando tiene conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delito. Esas mismas fuentes señalan además que su decisión choca con el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se apoya la circular y que establece que el fiscal, ante la noticia de un hecho aparentemente delictivo, debe practicar u ordenar a la Policía Judicial las diligencias oportunas para comprobarlo, y solo puede archivar el asunto cuando no revista caracteres de delito.
Para los fiscales citados por el diario, no cabía dar carpetazo a una denuncia de estas características sin más trámite, al entender que podía aportar luz sobre una causa judicial todavía abierta en ese momento. Consideran que la actuación de Alonso fue contraria tanto a la citada circular como a la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige al fiscal cesar en sus diligencias solo cuando tenga constancia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos, no antes de comprobarlos.
Lo que ofrecía el emisario
Según la reconstrucción de ABC, el emisario habría afirmado poder aportar información concreta sobre cómo se ejecutó el hackeo, a quién afectó y el contenido de los 2,6 gigas de datos sustraídos del teléfono de Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. A cambio, pedía que se paralizara el proceso de extradición a Marruecos por un presunto delito de estafa que se tramitaba también en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central número 1.
El caso se conoce ahora en pleno pulso diplomático entre España y Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta, lo que añade sensibilidad política a cualquier episodio que involucre a los servicios de inteligencia marroquíes. ABC ya había adelantado días antes que otros fiscales percibían «inacción» en Alonso ante el exespía, una actuación que a su juicio pudo dificultar una investigación clave sobre el espionaje con Pegasus a la cúpula del Gobierno.
Por ahora, ni la Fiscalía General del Estado ni Jesús Alonso han hecho declaraciones públicas sobre las críticas internas recogidas por el diario. Queda por ver si el asunto llega a plantearse formalmente ante el órgano de gobierno de la carrera fiscal y si la causa por el espionaje con Pegasus, ya archivada, podría reabrirse a la luz de esta información.
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