Manos Limpias da un giro en el caso David Sánchez y aprieta a la Diputación de Badajoz para que reclame el dinero
El colectivo se desmarca de la vía del Tribunal de Cuentas que han seguido PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír y pone en un brete a la presidenta socialista de la institución pacense.
Mientras la mayoría de las acusaciones populares del caso David Sánchez ha optado por acudir al Tribunal de Cuentas para que el hermano del presidente del Gobierno reintegre el dinero que cobró de la Diputación de Badajoz, Manos Limpias ha decidido tomar otro camino. Según La Razón, el colectivo de funcionarios se ha desmarcado de esa vía y ha apremiado directamente a la presidenta de la institución pacense, la socialista Raquel del Puerto, para que sea ella quien active un procedimiento administrativo de reclamación.
El escrito a la Diputación
En un escrito remitido a Del Puerto, Manos Limpias le recuerda que, según el Derecho Administrativo Local, las autoridades y funcionarios están obligados a velar por la integridad de los caudales públicos. Con ese argumento, la acusación popular reclama a la Diputación que impulse un procedimiento para recuperar los 340.572 euros que David Sánchez cobró de la institución entre 2017 y 2025, así como el sueldo percibido por Luis Carrero, exasesor de Moncloa que también trabajó para la Diputación.
El músico fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la sentencia dictada por la Audiencia de Badajoz. Sin embargo, según recoge La Razón, la Diputación, presidida por Del Puerto, no ejerció la acusación particular en ese juicio ni reclamó cantidad alguna al hermano de Pedro Sánchez, pese a ser la institución que le pagaba el sueldo.
La perjudicada es la Diputación
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, explica que como acusación popular pidieron al tribunal que condenase a David Sánchez y a Carrero a devolver a la Diputación los salarios que habían percibido. La Sala, sin embargo, no se pronunció sobre esa devolución porque, según la propia sentencia, Manos Limpias carecía de la condición de perjudicado: el perjuicio por esas irregularidades lo había sufrido la Diputación de Badajoz, no el colectivo denunciante.
El perjuicio con dichos irregulares comportamientos los habría sufrido la Diputación de Badajoz
De ahí que la asociación haya decidido trasladar la responsabilidad de reclamar el dinero a quien sí tiene legitimación para hacerlo: la propia institución pacense. El paso de Manos Limpias se produce al margen de que otras acusaciones populares en la causa, entre ellas PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír, hayan preferido interpelar al Tribunal de Cuentas para que sea este organismo el que determine la responsabilidad contable, al amparo del artículo 18.2 de la ley orgánica que regula esa jurisdicción.
Dos plazas hechas a medida
La sentencia que condenó a David Sánchez, y también al expresidente socialista de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, concluyó que la plaza de alta dirección ocupada por el músico entre julio de 2017 y octubre de 2022 como coordinador de conservatorios era innecesaria y estaba vacía de contenido. Los magistrados constataron que David Sánchez no acudía de forma habitual a su puesto de trabajo en Badajoz ni desempeñaba las funciones que se habían justificado para crear esa plaza, y que en realidad se dedicaba a sus propios proyectos operísticos.
El tribunal determinó además que, cuando en 2022 esa plaza se transformó en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, lo que se hizo en realidad fue enmascarar un puesto con funciones radicalmente distintas para seguir dando cobertura a las preferencias profesionales de David Sánchez, quien renunció a ese cargo en mayo del año pasado. Sobre Luis Carrero, contratado como jefe de Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los magistrados fueron igual de contundentes: su plaza se creó vacía de funciones para colocar a un amigo de David Sánchez que le ayudase en sus proyectos musicales.
El movimiento de Manos Limpias deja ahora la pelota en el tejado de Raquel del Puerto, que deberá decidir si abre ese procedimiento administrativo contra el hermano del presidente del Gobierno o si, como hasta ahora, deja que sea la vía contable la que determine si hay que devolver el dinero público.
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