El Gobierno reserva casi 15 millones de euros para traducir el catalán y el euskera en las Cortes
El Ejecutivo cerrará la legislatura con casi 15 millones de euros comprometidos para implantar el catalán, el euskera y el gallego en el Congreso y el Senado, según un análisis de los contratos publicados en el Portal de Transparencia.
El Gobierno se adentra en el tramo final de la legislatura con las partidas económicas prácticamente cerradas. Cuando termine el actual curso político, el Ejecutivo habrá reservado cerca de 15 millones de euros para la implementación de las lenguas cooficiales, con especial peso del catalán y el euskera, tanto en el Congreso como en el Senado. Así lo constata un análisis de La Razón sobre los contratos presupuestarios publicados en el Portal de Transparencia desde 2023, prorrogables hasta el final de 2027, es decir, toda la legislatura.
Los contratos revisados dividen el gasto entre tres partidas: los servicios de traducción, los de interpretación simultánea y el subtitulado en castellano de las intervenciones. El contrato del Congreso fija un techo de gasto cercano a los cuatro millones de euros anuales, en concreto 3,9 millones, lo que equivale a más de 300.000 euros mensuales. Si la contratación se prorroga bajo la presidencia de Pedro Sánchez, como está previsto, el desembolso total para instaurar el euskera, el gallego y el catalán en el Pleno y en las comisiones de investigación ascenderá a 12 millones de euros.
El catalán, la lengua más usada
El Portal de Transparencia no ofrece un desglose por idiomas, pero fuentes parlamentarias consultadas por La Razón señalan que el catalán, junto con sus variantes dialectales, concentra previsiblemente la mayor parte de los recursos destinados a estos servicios. Es habitual, por ejemplo, que en las sesiones de control al Gobierno la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, se dirija al presidente en catalán, una escena que se ha convertido en una de las estampas fijas de la legislatura.
La aritmética de la Cámara explica en parte ese peso. Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor representación en el Congreso, y tanto Junts como ERC cuentan con siete diputados cada uno, la mayoría de los cuales suele emplear el catalán en sus intervenciones. La excepción más visible es el propio portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, que interviene habitualmente en castellano.
La factura del Senado
En la Cámara Alta se repite la misma tónica, aunque con una partida notablemente más reducida. Según el contrato licitado por la Mesa del Senado, el presupuesto máximo anual asciende a 151.250 euros. Sumando toda la tercera legislatura de Sánchez, la cifra total destinada a los servicios de traducción en el Senado se sitúa en 756.000 euros, muy por debajo de lo comprometido en el Congreso.
El uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales, sin embargo, sigue estando limitado a determinados escenarios. Actualmente el catalán, el euskera y el gallego solo pueden emplearse en las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y en la defensa de iniciativas no legislativas, pero no para debatir una nueva normativa ni para intervenir en los debates ordinarios del Pleno. La reforma que abrió la puerta a este uso exigió modificar el Reglamento del Congreso, y desde entonces no se han introducido cambios adicionales.
Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, así como la riqueza lingüística que suponen
Esa fue la frase con la que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, defendió la reforma cuando se aprobó la normativa que permitió el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. El compromiso, dijo entonces, respondía a la pluralidad lingüística del país. Casi dos años después, la medida convive con un gasto que ronda ya los 15 millones de euros comprometidos hasta 2027 y con un uso que sigue circunscrito a un puñado de trámites parlamentarios.
Queda por ver si el actual marco de traducción e interpretación se mantiene intacto hasta el final de la legislatura o si el Gobierno amplía su alcance a nuevos escenarios del Pleno, algo que hasta ahora no se ha planteado formalmente. El horizonte electoral, como suele ocurrir con este tipo de decisiones, será el que termine marcando el futuro de esta fórmula plurilingüe.
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