El Gobierno lanza su contraofensiva en Ceuta contra Vivas: "Estira el chicle para tenernos embarrados"
Un mes después de la entrada masiva de inmigrantes, el Ejecutivo rompe la contención y señala directamente al presidente ceutí por el bloqueo del Puerto de Ceuta.
El Gobierno ha decidido abandonar la contención que había mantenido durante buena parte de la crisis migratoria en Ceuta y ha pasado a señalar abiertamente a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, al que responsabiliza de haber frenado la puesta en marcha de alojamientos para los inmigrantes que aún permanecen en territorio español desde la entrada masiva de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio.
El detonante del Puerto
El desencadenante inmediato ha sido el desacuerdo por el uso del Puerto de Ceuta para albergar a cerca de un millar de personas. Esa infraestructura no figuraba en el real decreto del 25 de agosto que declaraba la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad, pero sí aparece incluida en la modificación aprobada el 2 de septiembre, que recoge terrenos del Ministerio de Transportes en dos parcelas de la ampliación de poniente del puerto.
Según fuentes gubernamentales citadas por El Mundo, esas parcelas se acordaron en el Consejo de Seguridad Nacional del 1 de septiembre con presencia de Vivas y voto unánime de los asistentes. "Son parcelas que habíamos consensuado su ubicación", afirmó el ministro Ángel Víctor Torres, responsable del mando único en esta crisis.
Hay pocos ejemplos de mayor deslealtad institucional: firmar un acuerdo y luego desdecirse con argumentos peregrinos
El malestar en el Ejecutivo estalló el viernes, cuando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad autónoma, votó en contra de acoger el asentamiento. La decisión obligó a paralizar temporalmente las obras, que después se retomaron, y llevó al ministro de Transportes, Óscar Puente, a firmar una orden para tomar el control de una parte del recinto portuario. Según datos de Interior, 1.120 adultos han sido ya sometidos al proceso de triaje para su identificación.
Un reproche compartido
Miembros del Gobierno, según relata el diario, no ocultan en privado su malestar con Vivas y contrastan su actitud con la que mostró durante la crisis migratoria de 2021, cuando llegaron a Ceuta cerca de 10.000 personas. Le acusan de mantener una postura distinta en público y en privado, y atribuyen el cambio a la presión de la dirección del PP y, según estas fuentes, también de Vox.
Desde el Ejecutivo recuerdan además que, de las ocho infraestructuras puestas a disposición para alojar y filiar a los inmigrantes, siete son de titularidad estatal. "La prioridad es seguir habilitando espacios. Cuanto antes tramitemos filiaciones, antes se inician retornos", ha señalado el ministro Torres.
La disputa también ha salido a la esfera pública en sede parlamentaria. En la sesión de control en el Senado, Puente acusó al PP de querer prolongar la crisis con fines electorales: "Lo único que quieren es que la situación se perpetúe porque saben que Feijóo no es capaz de ganar unas elecciones en una situación de normalidad y necesitan tener esto encima de la mesa hasta ese día". Fuentes socialistas trasladan que el PP busca, en sus palabras, "estirar el chicle a ver si tenemos más tiempo embarrados en Ceuta".
Los datos y la jueza
El Gobierno cifra en 3.400 las plazas ya habilitadas para alojar a inmigrantes adultos y espera alcanzar las 6.000 en los próximos días. Un mes después del inicio de la crisis, el Ejecutivo sigue sin ofrecer una cifra oficial del número total de personas que cruzaron la frontera y que a día de hoy permanecen en Ceuta.
El frente gubernamental no se limita a Vivas. Desde La Moncloa no han desautorizado las palabras de Puente cuestionando la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la investigación sobre la crisis de Ceuta. El argumento que esgrimen apunta a su etapa como concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid en 1999, de la mano de José María Álvarez del Manzano, cargo en el que llegó a ser tercera teniente de alcalde.
Con el Gobierno de Ceuta y la magistrada instructora en el punto de mira del Ejecutivo central, la crisis migratoria que estalló hace más de un mes se traslada ahora a un pulso político e institucional cuyo desenlace, por el momento, sigue abierto.
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