El Gobierno desclasifica los papeles de Ceuta y los avisos del CNI se vuelven en su contra

Más de un mes después de que unas 80.000 personas entraran de forma irregular en Ceuta el 30 de julio, el Gobierno hizo públicos el pasado miércoles 40 documentos sobre aquella jornada. La intención, según explicó el propio Ejecutivo, era demostrar que no hubo advertencias previas que se ignoraran. Según recoge ABC, el efecto ha sido el contrario: los papeles desclasificados muestran que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí avisó, y con bastante detalle, un día antes del asalto.

Un aviso por WhatsApp

Los documentos recogen que el CNI contactó por WhatsApp con el Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio a las 13.52 horas para alertar de que en redes sociales circulaba una convocatoria para asaltar la valla y cruzar a nado al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono en Marruecos. «Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas idea del alcance de la difusión», advertía el CNI. La respuesta de la Delegación del Gobierno, según los papeles, fue lacónica.

Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas idea del alcance de la difusión

Horas más tarde, a las 21.34, el CNI y el jefe de Gabinete de la Delegación mantuvieron una llamada telefónica de en torno a once minutos, según distintas informaciones recogidas por ABC. El mismo organismo de inteligencia avisó también a la Guardia Civil y, según los documentos, a las autoridades marroquíes.

Dimisión y explicaciones

El propio funcionario que atendió aquella llamada, el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha dimitido esta semana por desavenencias con las explicaciones dadas por su superior sobre el episodio, según ha podido confirmar ABC. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha descartado dimitir y ha calificado la conversación de «informal», insistiendo en que no fue informado de su contenido por su entonces jefe de Gabinete y que los mensajes del CNI no constituían «ni una alerta ni un informe».

Desde Moncloa y el Ministerio de Defensa se ha sostenido una versión similar: que el CNI nunca emitió una alerta formal de llegada masiva, sino que se limitó a informar de una convocatoria en dos grupos de Facebook. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió que el organismo hizo una valoración «con arreglo a los precedentes» y que no era sencillo anticipar la magnitud de lo ocurrido. El propio CNI, según fuentes citadas por ABC, ha aclarado que su información «no anticipó la magnitud y naturaleza» de la entrada masiva, al tratarse de un fenómeno inusual respecto a crisis migratorias anteriores.

Reacciones cruzadas

La desclasificación ha reactivado el choque político. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sostuvo que «se ha revelado una mentira de Estado» y acusó al presidente de mentir «40 días». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió la dimisión del delegado del Gobierno a través de redes sociales. Desde Junts, la portavoz Míriam Nogueras señaló que los informes demuestran que el Ejecutivo «no tiene el control» ni de fronteras ni de seguridad del Estado, mientras que el Govern balear acusó al Gobierno de «ocultar informes» y desclasificar solo lo que le interesa. Coalición Canaria, por su parte, reprochó al Ejecutivo la falta de coordinación con Marruecos pese al «riesgo extremo» detectado.

El asunto tiene también recorrido judicial. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, que le remita los documentos desclasificados para incorporarlos a la causa que investiga la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

Queda por ver si la Fiscalía o la instrucción judicial establecen responsabilidades más allá del choque de versiones entre el Gobierno y la oposición, y si el propio Ejecutivo termina desclasificando la documentación adicional que, según reclaman PP y Vox, todavía permanece bajo secreto.