El Gobierno vasco concede nuevos beneficios penitenciarios al asesino de Gregorio Ordóñez

El Gobierno vasco ha concedido una nueva flexibilización de segundo grado a Juan Ramón Carasatorre, condenado como autor material del asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, cometido por ETA en 1995. La resolución, notificada esta semana a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), llega después de que la Audiencia Nacional revocara en su momento una decisión anterior sobre este mismo preso por considerar que no reunía los requisitos necesarios para acceder a ese beneficio.

Junto a Carasatorre, el Ejecutivo autonómico ha aprobado idéntica medida para otro recluso de ETA, Alberto López de la Calle, conocido como 'Mobutu'. Ambas resoluciones se enmarcan en la política penitenciaria que Euskadi aplica desde que asumió las competencias en esta materia, y que la AVT lleva años señalando como una vía para acelerar la salida de presos etarras antes de que cumplan sus condenas de forma íntegra.

El crimen de Ordóñez

Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, fue asesinado de dos tiros por un pistolero de ETA el 23 de enero de 1995 mientras tomaba un café en un bar del centro de la ciudad. Su muerte se convirtió en uno de los símbolos del terrorismo etarra contra los cargos públicos del País Vasco en los años más duros de la banda, y Carasatorre fue condenado como autor del atentado.

Con las dos últimas resoluciones, el Gobierno vasco eleva a 122 las progresiones al tercer grado y a 25 las flexibilizaciones de grado concedidas a presos de ETA desde que gestiona las prisiones, lo que suma un total de 147 reclusos beneficiados por algún tipo de mejora en su régimen penitenciario. Según los datos que maneja la AVT, de los aproximadamente 120 presos de ETA que continúan en la cárcel, solo 36 permanecen en régimen ordinario sin haber recibido ninguna de estas medidas.

Si se mantiene este ritmo, en dos o tres años apenas quedarán presos de ETA en las cárceles

La asociación, que representa a víctimas del terrorismo, ha vinculado esa cifra a lo que considera una tendencia sostenida en el tiempo. 'Los datos confirman, una vez más, los peores pronósticos de la asociación', ha señalado la AVT en su comunicado, en el que advierte de que, de continuar este ritmo de concesiones, las cárceles vascas quedarán prácticamente vacías de presos etarras en un plazo breve.

Menos aviso para las víctimas

La AVT ha denunciado además un cambio que afecta directamente a su forma de trabajar con las víctimas: según ha trasladado, dejará de recibir estas resoluciones con la antelación suficiente para poder informar personalmente, a través de su equipo de psicólogos, a los afectados antes de que se enteren por los medios de comunicación. La asociación sostiene que esta medida dificultará la atención que presta y aumentará el riesgo de revictimización de quienes sufrieron los atentados.

La organización ha subrayado que este cambio coincide en el tiempo con la reciente renovación en su propia presidencia y con el endurecimiento de las críticas y protestas que la AVT mantiene frente a la política penitenciaria del Gobierno vasco, aunque no ha aportado una explicación oficial del Ejecutivo autonómico sobre el motivo del cambio.

El Gobierno vasco no ha hecho declaraciones públicas sobre estas dos últimas resoluciones ni sobre la denuncia de la AVT en torno al aviso previo a las víctimas. Queda por ver si la asociación traslada esta queja a algún organismo institucional y si el caso de Carasatorre, dada su revocación previa por parte de la Audiencia Nacional, termina también recurrido ante los tribunales.