El Gobierno vincula inmigración y terrorismo para justificar los controles con Italia

El Ejecutivo publicó este domingo en el Boletín Oficial del Estado una orden que reactiva con efecto inmediato los controles en la frontera interior con Italia, un mes después de que el propio Gobierno amenazara con medidas frente a Roma. La firma es de Fernando Grande-Marlaska y el texto, avanzado por The Objective, entra en vigor sin margen y se mantendrá hasta el 7 de septiembre.

La medida se apoya en una figura excepcional del espacio Schengen: la suspensión temporal del principio de libre circulación en las fronteras interiores de la Unión Europea. Interior justifica el paso alegando la existencia de un riesgo que califica, según recoge el citado medio, como «grave, real y actual» para el orden público y la seguridad interior. Los controles alcanzan a los pasajeros de vuelos y de trayectos marítimos cuyo último punto de origen sea Italia, y quedan fuera el resto de conexiones procedentes de otros socios comunitarios.

El origen de la presión migratoria

El Gobierno sitúa el arranque del problema en la frontera exterior que Italia comparte con el Mediterráneo central. Según los datos de Frontex recogidos en la propia orden y difundidos por The Objective, durante 2025 se registraron 66.328 detecciones de cruces irregulares por esa ruta, frente a las 19.403 de la ruta occidental que afecta más directamente a España. La tendencia no habría remitido en 2026: en los cinco primeros meses del año se contabilizaron unas 11.600 detecciones en la vía central por 7.100 en la occidental. Interior sostiene que esa presión termina desplazándose hacia otros países del espacio Schengen, España incluida, a medida que quienes entran o inician trámites en Italia se mueven después por el continente.

El documento va más allá del dato migratorio y liga expresamente esas rutas con el crimen organizado. La orden, según ha informado The Objective, advierte de que redes criminales aprovechan las conexiones internacionales de transporte para el tráfico de personas, la falsificación de documentos y otras formas de delincuencia transfronteriza. Y añade una capa más sensible: recoge análisis de Frontex según los cuales existe el riesgo de que personas vinculadas a amenazas terroristas o de interés para la seguridad nacional utilicen los mismos métodos que la migración irregular para entrar o desplazarse por Europa sin ser detectadas.

«Riesgo grave, real y actual» para el orden público y la seguridad interior

A ese cóctel de motivos, Interior suma un tercer frente, de corte más administrativo: las dificultades de Italia para aplicar las normas europeas que determinan qué Estado debe tramitar cada solicitud de protección internacional. La orden cita, siempre según The Objective, una comunicación de la Comisión Europea de julio de 2026 que señala que ciertas circulares italianas de 2022, que habían suspendido traslados de solicitantes de asilo, nunca llegaron a revocarse formalmente. El propio texto añade que Italia habría rechazado los doce traslados solicitados durante el periodo analizado.

Controles para todos, sin distinción

Pese a la dureza del argumentario, el Ministerio matiza el alcance práctico de la medida. Los controles se aplicarán a todos los viajeros procedentes de Italia con independencia de su nacionalidad, pero la orden no habilita una prohibición general de entrada ni permite basar decisiones exclusivamente en el origen étnico, la religión o la apariencia física, según ha trasladado The Objective. Interior asegura que se respetarán el derecho a solicitar protección internacional, el principio de no devolución y el interés superior del menor, y que la intensidad de cada inspección se fijará mediante análisis de riesgo para minimizar el impacto en el tráfico aéreo y marítimo del verano.

El episodio llega apenas dos días después de que el Gobierno respondiera públicamente a Giorgia Meloni anunciando estos mismos controles, en un pulso diplomático que ha ido subiendo de tono entre Madrid y Roma en la última semana. Fuentes de Interior citadas por el propio medio han llegado a hablar de medidas «proporcionales» frente a Italia si esta mantiene sus propios controles fronterizos, lo que sitúa el choque en un terreno más político que estrictamente técnico.

Un mes, sin prórroga automática

La orden fija su caducidad a las 24.00 horas del 7 de septiembre. Interior podrá levantarla antes si desaparecen las circunstancias que la motivan, pero si el Gobierno quisiera prolongarla más allá de esa fecha tendría que aprobar una nueva decisión motivada, con una evaluación específica de necesidad y proporcionalidad. El propio texto excluye de forma expresa cualquier «prórroga automática».

Queda por ver si el mes de controles se agota tal y como está fijado o si Interior decide alargarlo con una nueva orden, y sobre todo cómo digiere Roma que Madrid use el argumento del terrorismo para frenar, aunque sea temporalmente, la libre circulación de un socio Schengen. La diplomacia europea ha visto excusas más originales, pero pocas tan bien documentadas en el BOE.