La Guardia Civil denuncia el «vergonzoso abandono» ante el narcotráfico en la Frontera Sur

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a denunciar la situación de «extremo abandono, desprotección e insostenibilidad» que, según la organización, sufren a diario los agentes desplegados en la Frontera Sur española. Según ABC, la asociación mayoritaria del cuerpo asegura que el crimen organizado actúa en la zona con una violencia creciente y con menores consecuencias que en años anteriores, y reclama al Ejecutivo central una respuesta que, sostienen, lleva tiempo sin llegar pese a tratarse de una denuncia ya recurrente.

De Isla Cristina al Estrecho

La AUGC sitúa el origen de esta nueva alerta en una serie de episodios que califica de «trágicos e intolerables», empezando por el tiroteo registrado en Isla Cristina, en Huelva. A este suceso se suman, según la asociación, los «continuos e impunes» ataques a patrulleras, las embestidas con narcolanchas contra embarcaciones oficiales y las agresiones directas a agentes en Cádiz, Huelva, Almería y el área del Estrecho. Para la organización, esta escalada demuestra que las organizaciones criminales han perdido el respeto a la autoridad, y la interpreta como un desafío estructural de orden público al que, denuncian, el Ministerio del Interior responde con pasividad, palabras vacías y una falta de medios humanos y materiales.

La asociación insiste en que los guardias civiles destacados en la zona quedan solos en primera línea frente a mafias que, según describen, están organizadas de forma jerárquica y recurren a armamento ilegal para plantar cara a las patrullas.

«Exigimos la creación de una retribución económica específica que reconozca el riesgo extremo al que se exponen cada día los guardias civiles en la frontera sur de España»

Las demandas de los agentes

Entre las peticiones que traslada la AUGC figura, en primer lugar, un plus económico por peligrosidad y penosidad, un reconocimiento retributivo específico para los guardias civiles destinados en zonas de alto riesgo de la Frontera Sur que compense, según explican, la exposición al peligro y la sobrecarga operativa que soportan. La asociación reclama también la declaración de zona de especial singularidad para todo el ámbito de influencia del narcotráfico en Andalucía y la Frontera Sur, una figura que, argumentan, ayudaría a incentivar el arraigo de las plantillas en unos destinos que hoy resultan poco atractivos.

A esas exigencias se suma la actualización de los medios materiales disponibles, con embarcaciones de alta velocidad blindadas, equipos de protección individual avanzados y equipamiento táctico adaptado, según la AUGC, a la violencia real que despliega el crimen organizado en la zona. La reivindicación más urgente, no obstante, es la restitución del OCON-Sur, el Órgano de Coordinación Contra el Narcotráfico que en su día centralizaba la respuesta de la Guardia Civil en el sur peninsular. Para la asociación, su disolución desarticuló esa respuesta coordinada y provocó un aumento notable de la actividad de los narcotraficantes en los años posteriores. Junto a la recuperación de ese organismo, con una estructura única y especializada frente a las mafias de la droga, la AUGC pide además una reforma penal que endurezca las penas por atentado a agentes de la autoridad y que garantice la incautación efectiva de los bienes de las redes de narcotráfico.

La versión del Gobierno

La denuncia de la AUGC llega apenas un día después de que el propio Gobierno defendiera, según recogió ABC, que ha invertido más de 190 millones de euros en la lucha contra el narcotráfico desde 2018. El contraste entre ambos relatos, el de una asociación profesional que habla de abandono sobre el terreno y el de un Ejecutivo que reivindica su inversión en la última década, retrata la distancia que separa hoy a los agentes desplegados en la Frontera Sur del discurso oficial sobre la lucha antidroga.

El Ministerio del Interior no ha respondido públicamente, por el momento, a las últimas demandas planteadas por la AUGC. Queda por ver si el Gobierno atiende ahora peticiones como el plus de peligrosidad o la restitución del OCON-Sur, dos exigencias que la asociación viene reclamando desde hace tiempo sin éxito y que, a la vista del comunicado de este martes, no piensa dejar de lado.