Igualdad suma 37 asesinatos machistas en 2026 mientras las pulseras antimaltrato siguen fallando

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 37 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026, tras confirmar un nuevo caso en Madrid. La víctima, una mujer de 88 años, murió presuntamente a manos de su cónyuge el pasado viernes 11 de septiembre, según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo.

El crimen sitúa a 2026 como el año con más asesinatos machistas desde 2023, cuando la cifra llegó a 45, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Un balance que vuelve a poner en cuestión la eficacia del sistema de protección diseñado por el Ejecutivo para prevenir este tipo de crímenes.

Condena institucional

La ministra Ana Redondo y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han trasladado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante el nuevo feminicidio, además de su apoyo a la familia de la víctima. Ambas han pedido "todos los esfuerzos posibles" a instituciones, administraciones y sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes" por violencia machista, la misma fórmula que el Ministerio repite tras cada nuevo crimen sin que el número de víctimas deje de crecer.

Detrás de las cifras hay un problema de fondo: la desconfianza de las propias víctimas en el sistema. Según datos recogidos por Libertad Digital, el 80% de las mujeres asesinadas en 2025 nunca había denunciado a su agresor, un porcentaje que deja en entredicho la capacidad del dispositivo estatal para detectar el riesgo antes de que sea demasiado tarde.

Pulseras que fallan

La Fiscalía General del Estado ha vuelto a poner el foco en uno de los instrumentos centrales de esa protección: las pulseras antimaltrato. En su Memoria Anual 2025, el organismo señala que persisten "problemas e incidencias" en su funcionamiento, con la ruralidad y la proximidad geográfica como denominador común de las quejas trasladadas por los delegados del Gobierno en distintas provincias.

"Problemas e incidencias... siendo un denominador común los problemas de ruralidad y proximidad"

El escándalo no es nuevo. El Ministerio de Igualdad ya arrastraba un historial de incidencias con el servicio desde la etapa de la anterior adjudicataria, Cometa, cuyo cambio de plataforma provocó "disfunciones" reconocidas por el propio Gobierno y una multa de 25.285 euros tras una caída general del sistema que dejó sin cobertura a las víctimas durante unas 13 horas.

Pese a ese historial, Igualdad decidió en julio de 2026 renovar la confianza en el mismo modelo de gestión: adjudicó de nuevo el servicio a la UTE formada por Vodafone y Securitas, esta vez por 67,5 millones de euros, en un contrato cuyo valor estimado puede alcanzar los 111,1 millones si se ejecutan todas sus prórrogas.

El nuevo crimen reaviva además las críticas políticas al departamento de Ana Redondo. Libertad Digital recordaba en mayo, a raíz de otro asesinato, el plan alternativo presentado por Vox para endurecer las penas a los maltratadores y deportar a los agresores extranjeros condenados, en un contexto que el propio medio describía entonces como el "caos" del Ministerio de Igualdad.

El Gobierno insiste en que el sistema de protección seguirá reforzándose, pero el patrón se repite: nuevos contratos millonarios, nuevas promesas de mejora y, mientras tanto, una cifra de víctimas que en 2026 ya es la más alta en tres años. Queda por ver si la próxima memoria de la Fiscalía vuelve a señalar los mismos fallos, o si esta vez el cambio llega a tiempo.