Los informes desclasificados del CNI sobre Ceuta dejan a Sánchez contra las cuerdas
Cuarenta documentos de inteligencia revelan que el Gobierno conocía con semanas de antelación el asalto masivo a la frontera y aun así mantuvo su versión oficial.
La desclasificación de cuarenta informes de los servicios de inteligencia y seguridad del Estado ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la invasión de Ceuta. Según ha revelado Libertad Digital, los documentos confirman que la Administración socialista conocía con semanas de antelación los planes de Marruecos y de las mafias que organizaron el asalto, en contradicción abierta con la versión oficial que el Ejecutivo sostuvo durante meses.
Meses de avisos
Los papeles desclasificados muestran que la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la división de inteligencia del Ejército de Tierra (CIFAS) advirtieron con suficiente antelación de la inminencia de un asalto masivo de inmigrantes ilegales. Los primeros avisos, según estos informes, apuntaban ya a las consecuencias que tendría la sentencia del Tribunal Supremo que limitaba las devoluciones en caliente, con el riesgo de generar un efecto llamada difícil de contener en las fronteras de Ceuta y Melilla.
A medida que se acercaba la fecha del asalto, fijada para el 30 de julio y coincidiendo con la festividad del Trono en Marruecos, las señales de alarma se multiplicaron. El 27 de julio la Policía Nacional constató entradas masivas a nado. Un día después, un nuevo informe detectó un incremento inusual en la venta de trajes de neopreno y aletas en localidades marroquíes, acompañado de campañas activas en TikTok que animaban a emular los cruces ilegales, según recoge la documentación desclasificada.
El CNI remitió una alerta de extraordinaria gravedad el 29 de julio a la Policía, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Ceuta
El momento clave, de acuerdo con los informes, se produjo el 29 de julio, cuando el CNI remitió una alerta de extraordinaria gravedad a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno en Ceuta. La comunicación detallaba que grupos organizados en redes sociales, con más de 180.000 seguidores, coordinaban una entrada masiva tanto por vía terrestre como marítima con el objetivo de provocar el colapso de la frontera.
La excusa del delegado
Pese a la gravedad de la alerta, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma ha intentado desvincularse de la responsabilidad alegando que se trataba de una conversación informal de WhatsApp y que la advertencia no le llegó por cauces oficiales. La respuesta de la Delegación al CNI, recogida en los mismos documentos, se limitó a un escueto "sus rilas", según ha publicado Libertad Digital, una frase que ha alimentado las críticas sobre la dejación de funciones del Ejecutivo ante un aviso de máxima gravedad.
La publicación de estas pruebas, primero por medios como The Objective y después ampliadas por Libertad Digital, ha reavivado el choque entre el Gobierno y la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió del recorrido judicial que puede tener el caso para Sánchez, mientras la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha reprochado al Ejecutivo que el CNI alertara del asalto masivo mientras el presidente se encontraba de vacaciones.
Consecuencias políticas
El episodio se suma a otros frentes abiertos para el Gobierno esta misma semana, con Israel acusando a Sánchez de utilizar el papel de Marruecos en la invasión como cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos. En el Congreso, la oposición ha reclamado explicaciones detalladas sobre la cadena de mando que recibió los avisos y sobre por qué no se activaron los protocolos de refuerzo fronterizo pese a las alertas expresas del CNI y de las fuerzas de seguridad.
Queda por ver si la desclasificación de estos informes tendrá recorrido judicial, como apuntan ya varios dirigentes de la oposición, y si el Gobierno ofrecerá una explicación pormenorizada sobre la gestión de las alertas en sede parlamentaria. Por ahora, la Delegación del Gobierno en Ceuta mantiene su versión de que la comunicación no siguió los cauces oficiales, un argumento que los documentos desclasificados dejan cada vez más en entredicho.
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