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«Invitar a marcharse»: la orden que recibió la Policía en Ceuta para no actuar contra los migrantes

Un escrito interno, al que ha tenido acceso ABC, instruyó a los mandos policiales de la ciudad autónoma a indicar el camino de la frontera a los migrantes en lugar de proceder a su conducción forzada.

«Invitar a marcharse»: la orden que recibió la Policía en Ceuta para no actuar contra los migrantes
Imagen: ABC

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegadas en Ceuta recibieron hace una semana una instrucción por escrito para «invitar a marcharse» a los migrantes que permanecen en situación irregular en la ciudad, en lugar de proceder a su conducción forzada hasta la frontera. Así lo revela ABC, que ha tenido acceso al documento remitido a los mandos policiales de la ciudad autónoma.

El escrito, firmado por el superintendente de la policía local de Ceuta y trasladado a los jefes de zona por correo electrónico, señala que «queda fuera de nuestro ámbito de aplicación la conducción forzada de ningún ciudadano extranjero, salvo que esta esté motivada por la comisión de un delito». La indicación circuló después por los chats internos del cuerpo.

Una orden idéntica en la frontera

Fuentes de la Guardia Civil y del Ejército consultadas por ABC aseguran que los mandos desplegados en la línea fronteriza recibieron una «orden idéntica» de no actuar, limitándose a labores de contención y disuasión sin recurrir a la fuerza. Según el mismo escrito policial, a quienes deambulen por la ciudad «se les preguntará si tienen intención de abandonar Ceuta y se les indicará el camino a la Frontera», y en el caso de mujeres, personas vulnerables o grupos numerosos, «se les podrá acompañar».

«En ningún caso se les conminará a abandonar la ciudad empleando para ello la fuerza o el material de contención»

Esta directriz ha indignado, según recoge ABC, a fuentes de distintos cuerpos de seguridad del Estado, que denuncian una «violación» del espacio de soberanía derivada de una orden política que atribuyen a la delegación del Gobierno y a los ministerios de Interior y Defensa. Una fuente militar citada por el diario relató que los soldados presentes en la ciudad estuvieron sobre aviso desde la mañana del jueves 30 de julio, pero que el Ejecutivo no dio la orden de despliegue hasta última hora de la tarde de aquella jornada.

El precedente de 2021

Fuentes consultadas por ABC sitúan el origen de esta instrucción en la voluntad de evitar que el actual delegado del Gobierno en Ceuta corra la misma suerte que la exdelegada Salvadora Mateos y la entonces vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, imputadas y condenadas en 2025 por la devolución en caliente de menores marroquíes tras el asalto masivo a la frontera en 2021. Aquella orden, según se acreditó judicialmente, se trasladó también por correo electrónico desde el entonces número dos de Interior, Rafael Pérez, quien negó ante el juzgado haberla dado.

El propio caso de 2021 tiene ahora una lectura política incómoda para el PSOE ceutí, ya que fue la actual presidenta del partido en la ciudad, Antonia Palomo, entonces concejal de Juventud, quien impulsó la denuncia contra Mateos y Deu por aquella repatriación exprés. Voces del propio partido consultadas por ABC subrayan la contradicción entre aquella exigencia de garantías para los menores y la instrucción de no actuar que se ha aplicado ahora.

Lo que queda por resolver

Fuentes policiales y militares cifran en torno a 2.000 los ciudadanos marroquíes en situación irregular que permanecen todavía en Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 personas registrada a finales de julio, y advierten de posibles problemas de orden público y de nuevas entradas previstas para mediados de agosto. El Gobierno, por su parte, ha negado en repetidas ocasiones, sobre todo por boca del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haber recibido alertas previas sobre la magnitud del asalto, mientras el presidente Pedro Sánchez lo definió como una «violación de la integridad territorial» sin precisar responsables.

La Audiencia Nacional, a través de la jueza María Tardón, ha solicitado ya información a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre lo ocurrido aquellos días para decidir si abre diligencias. A falta de que el Gobierno asuma responsabilidades políticas, será previsiblemente la vía judicial la que determine, semanas o meses después, quién dio realmente la orden de mirar hacia otro lado.

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