‘Julito’ Martínez endosa a Zapatero cuatro delitos que sumarían hasta 22 años de cárcel

La declaración de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reforzado los indicios de hasta cuatro de los siete delitos que se investigan en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, según ha informado OKDiario: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Sumando los máximos legales previstos por separado para cada uno de ellos, la pena teórica alcanzaría los 22 años de prisión, aunque las reglas de concurso del Código Penal podrían rebajar sustancialmente el tiempo de cumplimiento efectivo en caso de condena.

Los cuatro delitos

Julito Martínez ha comparecido este martes durante casi cuatro horas ante el magistrado que instruye el caso Plus Ultra, según el citado medio. En un auto de 85 páginas, Calama situó a Zapatero como «núcleo decisor y estratégico» de una estructura dedicada al tráfico de influencias en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021. El delito que más se habría reforzado con la declaración de este martes es precisamente el de tráfico de influencias, castigado con un máximo de dos años de prisión: el empresario ha admitido ante el juez que realizaba una suerte de «asesoramiento personalizado» para Plus Ultra, expresión que habría hecho reaccionar al magistrado, según la misma fuente.

El posible blanqueo de capitales, castigado con hasta seis años de cárcel, se habría visto reforzado por el reconocimiento de que el cobro de la comisión del 1% del rescate se fraccionó entre varias sociedades por orden de Zapatero. Según ha explicado el propio empresario, los pagos se repartieron entre Análisis Relevante, Voli Analítica y Domotic Europe, además del intento, finalmente frustrado, de constituir una sociedad offshore en Dubái para canalizar otros fondos retenidos en Abu Dabi.

«Mejor me callo», ha comentado el juez Calama para evitar prejuzgar el caso.

La falsedad documental, con otro máximo de seis años, se apoyaría en el reconocimiento de Julito de que, «por ser quienes son», sigue pagando a día de hoy a What The Fav, la empresa de comunicación de las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez, «aunque no hagan trabajo efectivo». La investigación judicial calcula que Análisis Relevante abonó a esa sociedad al menos 239.755 euros por presuntos trabajos parcialmente ficticios. El delito de organización criminal, el de mayor pena de los cuatro, con hasta ocho años de prisión para quien dirija una organización dedicada a delitos graves, se sustentaría en la existencia de ese entramado de sociedades y en responsabilidades utilizadas de forma coordinada para canalizar los pagos.

Zapatero, contra las cuerdas

El Consejo de Ministros aprobó el rescate a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, con 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, en plena crisis del sector aéreo por la pandemia. Zapatero negó cualquier cobro de comisiones el pasado 2 de marzo ante la comisión de investigación del Senado, llegando a acusar al senador del PP Fernando Martínez Maíllo de «difamar» al preguntarle por este asunto. El expresidente se convirtió además el pasado mes de junio en el primer jefe de Gobierno de la democracia española en declarar como investigado ante la Audiencia Nacional, en una comparecencia que abordó tanto el rescate como el origen de unas joyas incautadas en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros.

Según ha trascendido, Zapatero y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros vinculados al entramado, de los que 423.779 euros habrían ido a parar a sus hijas a través de What The Fav. Los otros tres delitos investigados en la causa, apropiación indebida, contrabando y delito contra la Hacienda Pública, no se han abordado directamente en la comparecencia de este martes: los dos últimos corresponden a una pieza separada relacionada con esas joyas.

La instrucción continuará en septiembre, cuando está previsto que declaren los responsables de Plus Ultra y de la SEPI en el momento del rescate, además de la secretaria y el gestor de las operaciones. Hasta entonces, la cifra de 22 años seguirá siendo un tope teórico y no una condena, sujeto a las reglas de concurso, continuidad delictiva y agravantes que aplicaría en su día el tribunal. Lo que ya no admite tantas matizaciones es el propio calendario: cada declaración añade un nombre, una sociedad o una cifra a un expediente que el expresidente, hace apenas unos meses, se resistía a admitir que existiera siquiera.