La Junta Electoral ejecuta la orden del Supremo y pide cuentas sobre la ley de nietos
El órgano electoral reclama a la Oficina del Censo un informe detallado sobre las inscripciones y el voto de los españoles nacionalizados por la ley de nietos.
La Junta Electoral Central ha puesto en marcha el mandato del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la llamada ley de nietos y ha reclamado a la Oficina del Censo Electoral la información que el alto tribunal exigió la semana pasada. Según fuentes del órgano electoral citadas por Europa Press, la Junta ejecuta así la orden judicial que dejó en suspenso las nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de la norma.
El requerimiento del Supremo
El Tribunal Supremo pidió a la Junta Electoral Central que exigiera a la Oficina del Censo Electoral un informe que desglose los expedientes de inscripción censal, otro completo sobre la aplicación de la ley y el voto por correo de los residentes ausentes, y la elaboración de una instrucción con criterios precisos para determinar el municipio de inscripción electoral de cada nuevo nacionalizado. Es ese encargo, formulado la semana pasada, el que la Junta ha trasladado ya al Censo.
La ley de nietos es la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, que concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados por el franquismo. Desde su aplicación, el Censo Electoral de Residentes Ausentes ha experimentado un aumento sostenido de inscritos, un fenómeno que llevó a Iustitia Europa y a Vox a recurrir ante el Supremo.
Un peligro fundado, real y serio de afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral
Por qué actuó el Supremo
El alto tribunal resolvió el pasado 10 de septiembre paralizar cautelarmente tanto el voto de quienes ya figuraban inscritos en el CERA por la ley de nietos como las nuevas altas, al considerar que el crecimiento del censo suponía, según sus propios autos, un riesgo para la confianza ciudadana en el resultado electoral. La Sala de lo Contencioso Administrativo cifró ese incremento en 408.262 inscritos más a 1 de julio respecto al censo de las elecciones generales de 2023, al pasar de 2.328.260 a 2.736.522 electores.
El Supremo defendió que la medida cautelar, de carácter temporal y sujeta a lo que finalmente resuelva la sentencia sobre el fondo, no resulta desproporcionada frente al interés general de preservar la transparencia y la igualdad en el proceso electoral. Varios magistrados del tribunal han apuntado además, según informó The Objective, que la suspensión cautelar podría acabar derivando en la anulación definitiva de los efectos electorales de la norma.
La reacción del Gobierno
La decisión ha encontrado una oposición frontal en el PSOE y el Ejecutivo. La portavoz socialista, Montse Mínguez, defendió este lunes que votar jamás puede ser un peligro y reclamó a la ciudadanía confianza en el Gobierno. El ministro Óscar López fue más allá y calificó la suspensión de salvajada y de atropello democrático, mientras otros dirigentes del PSOE han llegado a hablar de lawfare judicial, acusación que el propio Tribunal Supremo y sectores del Poder Judicial rechazan de plano.
Fuera del ámbito estrictamente electoral, la ley de nietos ha generado también controversia por su alcance práctico: The Objective informó esta semana de que los nacionalizados por esta vía podrán acceder a la sanidad pública española sin necesidad de residir en el país, otro efecto colateral de la instrucción con la que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encabezada por Sofía Puente, amplió la aplicación de la norma y que la Audiencia Nacional estudia ahora anular.
Qué queda por resolver
Con el requerimiento ya trasladado al Censo, la partida se traslada ahora al terreno técnico y administrativo: de la respuesta de la Oficina del Censo Electoral dependerá que la Junta pueda fijar criterios homogéneos sobre en qué municipio debe quedar inscrito cada nuevo nacionalizado y cómo se gestiona su voto por correo desde el extranjero. El Tribunal Supremo tiene todavía pendiente de resolver el fondo del recurso que decidirá si la suspensión cautelar se convierte en la anulación definitiva de los efectos electorales de la ley de nietos.
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