La Junta Electoral expedienta a Sánchez por su 'mitin' desde la Moncloa
La JEC cree que el presidente vulneró la neutralidad institucional al pedir "una mayoría más rotunda" y criticar a la oposición en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Sería ya su quinta sanción en siete procesos electorales.
La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones en la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, un día después de convocar las elecciones generales del 29 de noviembre. El organismo considera que esas manifestaciones pudieron vulnerar la prohibición de utilizar actos institucionales con fines electoralistas, según informó ABC.
El origen de la denuncia
El expediente responde a una denuncia del PP, que acusó a Sánchez de aprovechar la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, convocada para presentar los decretos de vivienda, para "dar un mitin del PSOE" desde la sede del Gobierno. Según recoge El Español, los populares reprocharon al presidente exhibir los "supuestos logros" de su legislatura, atacar a la oposición y lanzar mensajes de campaña, y reclamaron para él la multa máxima prevista, de 3.000 euros, invocando sus antecedentes.
La JEC ha hecho suya buena parte de ese argumento. En su resolución, el organismo destaca en particular una frase de Sánchez: "Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda". A juicio de la Junta, el presidente vinculó así las medidas del Gobierno con la necesidad de ampliar su mayoría en las urnas, lo que excede la exposición objetiva de un acuerdo del Consejo de Ministros.
Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos
El escrito también recoge el balance legislativo que citó Sánchez en esa comparecencia, en el que mencionó "33 leyes, 43 reales decretos ley y dos reformas constitucionales" de la legislatura, acompañado de referencias a los resultados económicos, el empleo y la desigualdad. Y pone el foco en sus alusiones a la oposición, entre ellas una mención directa al PP y a Vox que, según la Junta, fue más allá de la defensa institucional de las políticas del Ejecutivo.
El deber de neutralidad
La JEC subraya que Sánchez intervino como presidente, desde Moncloa y a través de canales institucionales, con el periodo electoral ya iniciado. El organismo recuerda que informar sobre las medidas del Gobierno no excluye la aplicación del artículo 50.2 de la Ley Electoral ni exime del deber de neutralidad que pesa sobre los cargos públicos durante la campaña. El presidente, señala la resolución, "puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el período electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo".
La defensa de Sánchez había pedido el archivo del expediente, alegando que explicar los decretos exigía abordar el debate político previo y que sus alusiones a una nueva mayoría no constituían una petición de voto explícita. La Junta ha rechazado ese argumento y ha recordado que el presidente "debía conocer suficientemente" estas exigencias por las sanciones que ya acumula en procesos electorales anteriores.
Antecedentes y próximos pasos
Si el expediente termina en sanción, sería la quinta multa que recae sobre Sánchez en siete procesos electorales distintos, después de las impuestas en las generales de 2019, las de Castilla y León de 2022, las generales del 23 de julio, las gallegas y catalanas de 2024 y las extremeñas de diciembre de 2025, que suman 6.600 euros según los datos que maneja el PP. Fuentes de la dirección del partido han celebrado la apertura del expediente como una "primera victoria" y han calificado la comparecencia de "mitin en la sede del Gobierno", aunque siguen reclamando que la multa llegue hasta los 6.000 euros por la reiteración de la conducta.
El acuerdo de la JEC no implica todavía una sanción definitiva. Sánchez dispone de diez días hábiles para presentar alegaciones y se expone a una multa de hasta 3.000 euros, que se reduciría a 1.800 si reconoce su responsabilidad dentro de ese plazo. La Junta exige además retirar de los canales oficiales las manifestaciones cuestionadas, aunque permite que siga publicada la información sobre los acuerdos del Consejo de Ministros.
Queda por ver si el Gobierno presenta alegaciones o acepta la reducción de la multa, y si este nuevo expediente, el quinto de la legislatura, tiene algún efecto en la campaña que arranca de cara a las generales del 29 de noviembre.
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