La Junta Electoral se queda sin margen y pide auxilio al Supremo para cumplir los plazos de la ley de nietos

La Junta Electoral Central ha pedido al Tribunal Supremo que le diga cómo cumplir sus propias resoluciones. Según adelantó The Objective, el organismo reconoce en un reciente acuerdo que aplica el auto del Alto Tribunal sobre la llamada ley de nietos que necesita indicaciones para dar cumplimiento a lo ordenado, dada la perentoriedad de los plazos legales que rigen el proceso electoral en curso.

En su acuerdo 321/670, la Junta Electoral envía la documentación para votar el 29 de noviembre a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, unos 2,7 millones de personas, con un matiz que lo cambia todo: no todos los que reciban ese sobre podrán depositar el voto, porque el Supremo mantiene suspendido el derecho de los nacionalizados por la ley de nietos.

El origen del embrollo

El Tribunal Supremo suspendió los efectos electorales de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática el pasado 8 de septiembre, antes incluso de que Pedro Sánchez convocara las elecciones generales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó entonces los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que pedían dejar votar a todos los descendientes de españoles alegando que no había tiempo material para depurar el censo antes de los comicios.

La medida afecta a unas 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de una instrucción dictada por Sofía Puente, entonces responsable del Registro Civil, que amplió los requisitos de la ley apenas cinco días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El auto excluye de la suspensión a quienes puedan certificar que descienden de un español exiliado por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual, que es lo que recoge la ley original. Quien llegó a la nacionalidad por la vía ampliada de la instrucción, por motivos económicos, se queda fuera del censo activo salvo que un consulado certifique lo contrario.

Es materialmente imposible hacer la distinción antes del 1 de enero de 2027

Los consulados, contra el reloj

Según informó The Objective, el Gobierno sostiene que no dispone de herramientas informáticas para separar en el censo a quienes se nacionalizaron por una u otra vía, y traslada la responsabilidad a los consulados, que tramitaron las solicitudes de forma manual. Un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares, fechado el 18 de septiembre, advertía de que la revisión expediente por expediente podía llevar hasta seis meses en las oficinas con más carga de trabajo, entre ellas los consulados de La Habana, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad de México y Caracas, donde se concentra el grueso de las 163.020 inscripciones.

El propio informe calificaba de materialmente imposible completar la criba antes del 1 de enero de 2027, fecha que sí llegaría a tiempo para las elecciones autonómicas y municipales de mayo, pero no para el 29 de noviembre. De ahí que la Junta Electoral, atrapada entre un calendario electoral que no admite demoras y un auto judicial que exige una verificación que nadie puede completar a tiempo, haya optado por devolver la pelota al Supremo y preguntarle, en la práctica, qué hace con ella.

Recursos y alegaciones

La suspensión no ha quedado sin respuesta. El Centro de Descendientes de Españoles Unidos, a través del abogado Eduardo Ranz, presentó alegaciones ante el Supremo para pedir que se levante la cautelar y se garantice el voto a todos los afectados antes del 29-N. La asociación llevó además una queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por lo que considera una afectación colectiva del derecho de sufragio activo. De forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid mantiene abierta una investigación contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación, a raíz de una querella de Hazte Oír que denuncia que la instrucción se aprobó sin informar a la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop.

El Gobierno, por su parte, insiste en que el impacto político del asunto es menor de lo que parece y recuerda que en las elecciones de 2023 el voto CERA solo movió un escaño, que terminó beneficiando al PP. Queda por ver si el Supremo responde a tiempo a la Junta Electoral y con qué fórmula, porque el 29 de noviembre no se mueve y los consulados, de momento, siguen volcando expedientes en una hoja de cálculo.