Laya entregó a Bolaños su teléfono hackeado tras la crisis diplomática con Marruecos por el caso Ghali
La exministra de Exteriores puso el terminal comprometido en manos del entonces secretario general de Presidencia, que se limitó a darle un acuse de recibo, según ha revelado ABC.
En abril de 2021, la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, fue la primera en sospechar que su teléfono móvil había sido infectado por un programa espía. El personal del Ministerio confirmó la intrusión y, siguiendo el protocolo de seguridad, se trasladó hasta La Moncloa para alertar de lo ocurrido. González Laya acabó entregando el terminal comprometido a Félix Bolaños, entonces secretario general de la Presidencia, que se limitó a darle un acuse de recibo, según ha revelado ABC.
El origen: el caso Ghali
El episodio coincide con uno de los momentos más delicados de la política exterior española de los últimos años. Aquel mismo mes de abril de 2021, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresó de forma secreta y bajo identidad falsa en un hospital de Logroño para ser tratado de coronavirus. Cuando Rabat descubrió que Ghali estaba siendo atendido en territorio español, el Gobierno marroquí reaccionó con una dura protesta diplomática que derivó, semanas más tarde, en la crisis migratoria de Ceuta, con la entrada descontrolada de varios miles de personas por la frontera en mayo de 2021.
Según la información publicada por ABC, los servicios secretos marroquíes se enteraron de la llegada de Ghali precisamente a través del espionaje al teléfono de González Laya. De confirmarse ese origen, la crisis diplomática con Marruecos no habría nacido de una filtración política o de una gestión torpe del caso, como se defendió en su momento desde el Gobierno, sino de una brecha de seguridad en el propio Ministerio de Exteriores.
La sombra de Pegasus
El caso conecta con el escándalo que estalló en 2022, cuando se conoció que los teléfonos de González Laya y de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus, un programa espía capaz de acceder a mensajes, llamadas y ubicación sin dejar rastro. El Gobierno reconoció entonces la intrusión, pero nunca aclaró con certeza su autoría. La entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, aseguró ante el Congreso que el organismo no había sido el responsable ni contaba con autorización judicial para una operación de ese tipo.
Aquella crisis costó el puesto a Paz Esteban, cesada por Pedro Sánchez en mayo de 2022 y sustituida al frente del CNI por Esperanza Casteleiro. Lo que aporta ahora ABC sitúa el origen de la vulnerabilidad un año antes, en abril de 2021, y con una consecuencia distinta a la investigada hasta la fecha: el móvil hackeado de la ministra no solo habría comprometido su privacidad, sino que podría haber alertado directamente a Marruecos de una operación de Estado que La Moncloa quería mantener en secreto.
Bolaños se limitó a darle un acuse de recibo
Ni el Gobierno ni el entorno de Félix Bolaños, hoy ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se han pronunciado públicamente sobre la revelación de ABC. Tampoco consta una versión propia de González Laya, que abandonó el Gobierno en la crisis de julio de 2021, apenas dos meses después de la avalancha migratoria en Ceuta, y que en la actualidad preside el Instituto de Comercio Internacional en Ginebra.
La noticia llega en pleno pulso político por la crisis de Ceuta, que esta misma semana ha llevado al Ejecutivo a desclasificar documentos sobre lo ocurrido en 2021 y ha provocado la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. La pieza que reconstruye ABC añade un episodio más a aquellos días: el de un Ejecutivo que, según esta versión, supo que su propia ministra de Exteriores estaba comprometida y optó por gestionarlo puertas adentro antes que por esclarecerlo a fondo.
Queda por ver si la Fiscalía o el Congreso retoman el asunto a la luz de este nuevo dato, y si Bolaños o González Laya ofrecen su versión de aquel acuse de recibo que, más de cinco años después, vuelve a situar el caso Ghali en el centro de la actualidad política española.
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