Marlaska dice que 70.000 de los 72.000 migrantes que entraron en Ceuta ya han vuelto a Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que 70.000 de las 72.000 personas que entraron de forma masiva en Ceuta la semana pasada ya han regresado a Marruecos. El dato, ofrecido tras un consejo extraordinario de ministros de Interior de la Unión Europea, llega mientras el Gobierno eleva a 75 la cifra de fallecidos en la avalancha y el Partido Popular arrecia su ofensiva política contra el Ejecutivo.

Lo que dijo Marlaska

Según explicó el ministro en una comparecencia ante los medios en Madrid, el retorno de la mayoría de quienes entraron de forma irregular ha sido posible gracias a un trabajo conjunto con Marruecos que, subrayó, se desarrolló «de una forma firme para evitar cualquier tragedia humana» desde antes del 30 de julio y con posterioridad a la crisis. Marlaska sostuvo que Rabat ve a España como «un socio fuerte y fiable», razón por la que aceptó el retorno de los migrantes en los términos pactados entre ambos gobiernos.

El ministro defendió además la actuación de los servicios de inteligencia españoles. Insistió en que ni el Centro Nacional de Inteligencia ni ningún otro organismo, español o extranjero, emitió aviso alguno de que una entrada masiva de esa magnitud pudiera producirse el pasado jueves a nado por la frontera de El Tarajal. «No hubo ningún informe ni aviso» de que «nada parecido» pudiera pasar, remachó, aunque sí reconoció que existían alertas genéricas sobre un previsible repunte estival de los cruces, que en este caso se habrían visto alentados por la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente a quienes entran a nado en Ceuta y Melilla.

No hubo ningún informe ni aviso de que nada parecido a lo ocurrido pudiera pasar

La respuesta europea

En la reunión, celebrada por videoconferencia y convocada a petición de Pedro Sánchez y otros 22 Estados miembros, los ministros de Interior de la UE mostraron, según la presidencia irlandesa del Consejo, su «fuerte solidaridad» con España. El bloque se comprometió a reforzar los sistemas de detección y alerta temprana en las fronteras exteriores, incluida la vigilancia de redes sociales, después de que la avalancha ceutí hubiera sido impulsada, a juicio del comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, por «redes criminales de contrabando» y por «desinformación» difundida en plataformas digitales.

Brunner destacó que «la integridad del espacio Schengen se preservó» gracias a la cooperación entre España, Marruecos y la Comisión Europea, y anunció apoyo financiero y operativo para España, incluida ayuda de emergencia para reforzar la frontera exterior y facilitar los retornos. El tono contrasta con las críticas iniciales de varios socios europeos, que en los primeros días de la crisis llegaron a señalar la reciente regularización masiva de migrantes en España como posible efecto llamada, una idea que no figura en el comunicado final del encuentro.

No todos los socios europeos han cerrado el asunto. Italia, a través de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, criticó que España no consultara con la UE la regularización de medio millón de migrantes indocumentados, decisión que atribuyó parte de la responsabilidad de la crisis. El Gobierno italiano ya había suspendido en agosto la libre circulación con España, con controles a los viajeros procedentes del país en puertos y aeropuertos.

Balance humano y económico

El coste humano de la crisis sigue creciendo. La Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó el hallazgo de tres nuevos cadáveres desde el lunes, lo que eleva a 75 el número de fallecidos vinculados a la entrada masiva del pasado jueves, cifra que fuentes de la Guardia Civil dan por seguro que aumentará en los próximos días. Además, al menos 44 personas, en su mayoría jóvenes y menores, permanecen en paradero desconocido, según fuentes policiales, lo que ha llevado a la Guardia Civil a abrir una oficina específica en El Tarajal para atender las denuncias de las familias.

En el plano económico, el Ejecutivo anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados en Ceuta, que se suma a los 5,5 millones ya repartidos en julio en la conferencia sectorial de infancia. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, señaló que la medida busca reforzar la atención a «los más vulnerables» en la ciudad autónoma.

La presión del PP

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, exigió la dimisión de Marlaska y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al acusar al Gobierno de no haber respondido con «firmeza» a una crisis que, según él, ha dejado a los ceutíes con miedo por la presencia de miles de personas deambulando por la ciudad. El PP ha solicitado además un debate urgente en el Parlamento Europeo, previsto para la semana del 14 de septiembre en Estrasburgo, con el que pretende mantener viva la controversia política sobre la gestión de la frontera sur.

Con la frontera de El Tarajal ya sin nuevos intentos masivos de entrada, según fuentes policiales, y entre 2.500 y 5.000 migrantes todavía en la ciudad según las distintas estimaciones oficiales, la crisis entra en una fase de gestión más discreta pero con frentes abiertos: la búsqueda de desaparecidos, el reparto de menores entre comunidades autónomas y el pulso político que el PP quiere trasladar a Bruselas de cara al pleno de septiembre.