Marlaska ordena pedir la expulsión judicial inmediata para los migrantes que cometan delitos en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una orden directa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que soliciten la autorización judicial de expulsión inmediata de los inmigrantes en situación irregular que sean detenidos por cometer delitos en Ceuta, según ha explicado él mismo en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

«Cómo he dado una orden muy clara a las fuerzas y cuerpos de que aquellos inmigrantes irregulares que en Ceuta se estén involucrando en actos delictivos y sean objeto de detención que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata, que lo permite el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería», ha asegurado el ministro, según la misma fuente.

El origen de la orden

La instrucción llega semanas después de la entrada masiva de extranjeros registrada en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, un episodio que disparó la tensión migratoria en la frontera sur y que el propio Marlaska situó como telón de fondo de sus explicaciones. El ministro compareció antes de una reunión telemática con los responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas y con la Agencia Estatal de Meteorología con motivo del eclipse total de este miércoles, y aprovechó la comparecencia para detallar el balance de aquellos incidentes.

Marlaska ha precisado, según ABC, que este tipo de altercados protagonizados por inmigrantes irregulares no se están produciendo «de manera masiva» en Ceuta, aunque ha reconocido que «ya un número considerable» de los detenidos por participar en disturbios ha sido puesto a disposición judicial bajo este mecanismo, a la espera de que un juez autorice su expulsión del país.

Que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata, que lo permite el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería

Los menores, aparte

El ministro ha abordado también la situación de los migrantes menores de edad llegados a Ceuta, un capítulo distinto y más delicado del expediente migratorio. Según sus datos, se están tramitando más de 400 expedientes de menores que han solicitado protección internacional, cuya devolución, en caso de proceder, se gestionará a través de la Ley de Extranjería y no por la vía de urgencia aplicada a los adultos detenidos por delitos.

Marlaska ha insistido en que el criterio será siempre el marco legal vigente. «Aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados. Aquellos que no lo deban de ser por cualquier circunstancia, porque no haya las autorizaciones, por ejemplo, de la Fiscalía, evidentemente no podrán ser retornados», ha explicado, subrayando que el objetivo del Gobierno es actuar «de una forma efectiva y lo más rápido posible» dentro de esos límites.

Asilo y expulsión, dos vías distintas

Sobre los migrantes que han solicitado asilo, el ministro ha señalado que la Oficina de Asilo y Refugio trabaja sobre el terreno en Ceuta junto con la Policía Nacional para resolver los expedientes caso por caso. Quien tenga derecho reconocido al asilo lo obtendrá, ha explicado, mientras que la denegación de esa protección se traduce automáticamente en una situación de estancia irregular que abre la puerta a la expulsión, siguiendo el procedimiento ordinario de la Ley de Extranjería.

La medida anunciada por Marlaska se apoya en el artículo 57.7 de esa misma ley, que permite pedir al juez la expulsión inmediata de un extranjero en situación irregular cuando ha sido detenido por la comisión de un delito, sin necesidad de esperar a la resolución del proceso penal ordinario. Es un mecanismo ya existente en la norma, no una reforma legal, que el Gobierno ha decidido activar de forma sistemática en el contexto ceutí tras los incidentes de finales de julio.

Queda por ver cuántas de esas peticiones de expulsión acaban siendo autorizadas por los juzgados de Ceuta y en qué plazos se resuelven, así como si el goteo de altercados que motivó la orden se mantiene contenido o repunta en las próximas semanas, mientras la ciudad autónoma sigue gestionando en paralelo el resto del expediente migratorio, incluidos los más de 400 casos de menores pendientes.