Marlaska, señalado por presionar a la Guardia Civil para blindar a Sánchez de sus tramas
Libertad Digital repasa una serie de decisiones del Ministerio del Interior, de la disolución de una unidad de élite antidroga al ascenso de un comandante señalado en el caso Koldo, que coinciden con el cerco judicial a las tramas de corrupción del Gobierno.
El Ministerio del Interior vuelve a estar en el centro de la tormenta. En El Programa de Cuesta, el espacio de análisis de Libertad Digital, el periodista Carlos Cuesta ha repasado una serie de decisiones adoptadas por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y que, según su relato, dibujan una estrategia sistemática de acoso contra la Guardia Civil mientras el cuerpo investiga las tramas de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre las medidas señaladas figura la disolución de la unidad OCON-Sur, un grupo de élite dedicado a la lucha contra el narcotráfico que fue desmantelado por decisión del propio Marlaska, según recoge el programa. A ello se suma, siempre de acuerdo con ese análisis, el repliegue progresivo de agentes de la Benemérita en comunidades como Navarra, el País Vasco y Cataluña, lo que a juicio de Cuesta debilita la presencia del Estado en esos territorios.
La purga de la UCO
El foco principal de la denuncia se sitúa, no obstante, en la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de instruir buena parte de las causas de corrupción que afectan al entorno del Ejecutivo. Según Libertad Digital, el Gobierno habría impulsado una purga de mandos independientes dentro de la unidad para sustituirlos por perfiles considerados más dóciles, un proceso en el que destaca el papel de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, nombrada por Marlaska.
En ese relato se enmarca también el caso del comandante Rubén Villalba, señalado como presunto topo de la trama Koldo dentro de la institución armada. Según el análisis de Cuesta, en lugar de ser investigado con rigor, Villalba fue destinado a un puesto de alta remuneración en Roma tras una serie de contactos entre la cúpula policial y la red de influencias vinculada al caso, una maniobra que el programa describe como un intento de taponar las vías de agua judiciales que amenazan al partido en el Gobierno.
Resulta surrealista que altos cargos imputados por delitos graves sigan ejerciendo sus funciones sin ser cesados
La coartada que no cuadra
Mercedes González ha negado en su declaración oficial haber participado en cualquier conspiración contra la UCO o contra la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, y ha rechazado también haber recibido ningún tipo de influencia por parte de Leire Díez, la exmilitante socialista señalada en varias piezas de la trama Koldo. Así lo recogió Libertad Digital en un análisis publicado un día antes, centrado específicamente en la instrucción judicial del caso.
Frente a esa versión, el juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, ha determinado, según ese mismo análisis, que González sí colaboró activamente, llegando a facilitar la apertura de expedientes disciplinarios con el objetivo de obstaculizar investigaciones judiciales en curso. Los periodistas Raúl Vilas y Luis Fernando Quintero, colaboradores del programa, calificaron de surrealista que altos cargos imputados por delitos graves, como la propia González o el director adjunto operativo, Manuel Llamas, también imputado, continúen ejerciendo sus funciones sin haber sido cesados.
El propio análisis detalla que la UCO dispone de pruebas de geolocalización de los teléfonos móviles que confirmarían al menos tres encuentros directos entre Mercedes González y Leire Díez. El primero se habría producido en septiembre de 2024, apenas diecisiete días después del nombramiento de González y solo seis tras su toma de posesión efectiva. La directora general alegó que se trató de una reunión informal por motivos personales, una versión que Cuesta considera poco verosímil dado lo prematuro del encuentro.
Qué queda por ver
Por el momento, ni Mercedes González ni Manuel Llamas han sido apartados de sus cargos pese a estar imputados, y el Ministerio del Interior no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones vertidas en el programa de Libertad Digital. La instrucción de Santiago Pedraz sigue abierta, por lo que está por ver si las pruebas de geolocalización y el resto de indicios recogidos hasta ahora derivan en nuevas imputaciones o en cambios en la cúpula de la Guardia Civil.
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