Más Madrid lleva a Fiscalía la manipulación de listas de espera en el Ramón y Cajal
El partido de Mónica García pide investigar por prevaricación y falsedad documental la rebaja de prioridad quirúrgica de 57 pacientes, en plena pelea con la Consejería de Sanidad por quién es el responsable.
Más Madrid pedirá este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental, según ha podido saber The Objective. La formación liderada por Mónica García lleva así a los tribunales un episodio que lleva semanas envenenando la relación entre la oposición y la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute.
Los hechos denunciados
El escrito de Más Madrid se apoya en la información publicada por El País, que señala al jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y al director médico del Ramón y Cajal como autores de una rebaja unilateral de la prioridad de 57 pacientes que estaban pendientes de intervención quirúrgica. Según recoge la denuncia, ese cambio se habría hecho sin una nueva valoración clínica individualizada de los afectados y sin contar con el criterio de los cirujanos que habían fijado cada caso, por lo que no habría respondido a criterios médicos sino a la necesidad de evitar que se incumplieran los plazos legales para una cirugía preferente.
El texto de Más Madrid recuerda que quien destapó el caso fue un facultativo del propio centro, y que a partir de esa denuncia interna se abrió el conflicto que ahora llega a Fiscalía.
El cambio de prioridad de 57 pacientes sin evaluación clínica y sin el conocimiento de los médicos que prescribieron las operaciones es un hecho muy grave
La versión de la consejera
La cronología incluida en la denuncia recoge también la respuesta de la consejera Fátima Matute, quien acusó al médico denunciante de haber manipulado de manera irregular la gravedad de los 57 pacientes de traumatología para trabajar menos y operar casos menos complejos, y lo señaló como uno de los responsables de la lista de espera, vinculando su conducta a expedientes disciplinarios abiertos. Según el escrito, la propia consejera reconoció que las diligencias internas de la Consejería todavía estaban en curso y que no podía ampliar información hasta su conclusión, lo que a juicio de Más Madrid convierte la atribución de responsabilidad exclusiva al denunciante en una afirmación pública no acreditada ante ningún órgano jurisdiccional ni disciplinario.
Precisamente esa contradicción entre las dos versiones sobre quién ordenó el cambio de prioridad, si los directivos del hospital o el propio denunciante, es lo que el partido considera que exige una investigación imparcial por parte de la Fiscalía.
Qué pide Más Madrid
En declaraciones remitidas a Europa Press, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha insistido en que no se trata de maquillar unas cuentas para que salgan los números en la propaganda, sino de graves irregularidades con un impacto directo en los pacientes y en el agravamiento de patologías severas. Bergerot ha cargado también contra la consejera y contra Isabel Díaz Ayuso por, según ella, dedicarse a difamar al denunciante para que nadie más alce la voz ante irregularidades flagrantes, y ha apuntado a la posibilidad de que Matute hubiera incurrido en un delito de descubrimiento y revelación de secretos al difundir en rueda de prensa datos de expedientes disciplinarios del médico.
Como parte de su escrito, Más Madrid pide a Fiscalía que reclame al Ramón y Cajal y a la Consejería de Sanidad toda la documentación relativa a la reclasificación de pacientes, el Registro de Demanda Quirúrgica, la declaración de los directivos señalados y el contrato de gestión del ejercicio actual, por si existían incentivos económicos o de productividad ligados a las listas de espera. También reclama que se aclare con documentación quién fue realmente el autor de los cambios de prioridad, y pide que se abran diligencias para determinar si existe responsabilidad penal en los hechos.
El caso llega a los tribunales sin que la Consejería de Sanidad haya cerrado todavía sus propias diligencias internas, por lo que la Fiscalía tendrá ahora la última palabra sobre si hay indicios suficientes para investigar penalmente lo ocurrido en uno de los grandes hospitales públicos de Madrid.
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