Por que el PSOE ya da por probable acabar imputado como partido

El debate sobre una eventual imputación del PSOE como persona jurídica ha dejado de ser conversación de pasillo para instalarse en el terreno jurídico. Según La Razón, dentro del partido no se contempla ya como una hipótesis remota, sino como un escenario que consideran cercano, y que podría llegar por dos vías distintas: la investigación sobre una presunta financiación irregular o la conocida como caso de las cloacas.

La acumulación de causas abiertas, la aparición de nuevos indicios y el análisis de algunos penalistas han desplazado el foco, siempre según el mismo medio, desde las responsabilidades individuales hacia la posibilidad de que la instrucción termine alcanzando a la propia organización socialista. Es un cambio de plano relevante: no es lo mismo investigar a un cargo que investigar a la estructura que lo sostenía.

De las personas al partido

La primera razón que se maneja internamente, apunta La Razón, es que las investigaciones han dejado de girar en exclusiva alrededor de conductas personales. El denominado caso Koldo nació como una trama de presuntas adjudicaciones irregulares, pero la instrucción ha ido ampliando su perímetro hasta incorporar a dos de los hombres con mayor poder en el PSOE durante los últimos años, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ambos ocupaban puestos de dirección orgánica, no solo institucional.

Ese salto es el que modifica el escenario. Cuando los investigados dirigían el aparato del partido, el debate jurídico se traslada de manera casi natural a si aquella estructura obtuvo algún beneficio de las conductas que se investigan.

El debate deja de centrarse en la responsabilidad penal de personas físicas para abrir la puerta a la del propio partido

El frente de la financiación

El segundo elemento, y según La Razón el de mayor trascendencia jurídica, es la eventual financiación irregular. Si una investigación llegara a acreditar que parte del dinero obtenido mediante adjudicaciones ilícitas terminó beneficiando de forma directa o indirecta al PSOE, el debate dejaría de centrarse en la responsabilidad penal de personas físicas para abrir la puerta a la del propio partido. El Código Penal contempla esa posibilidad cuando una organización obtiene un beneficio derivado de un delito cometido por quienes actúan en su nombre o en su interés.

En paralelo avanza el llamado caso de las cloacas. Más allá de su dimensión política, explica el mismo diario, la investigación trata de determinar si determinadas actuaciones para recabar información sobre jueces, fiscales o mandos de la Guardia Civil respondían a iniciativas personales o formaban parte de una estrategia diseñada para proteger intereses del partido. El matiz es decisivo, porque si se acreditara una actuación coordinada en beneficio de la organización, el alcance jurídico cambiaría de dimensión.

Conviene subrayar un detalle técnico que la fuente destaca: en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el beneficio no tiene por qué ser económico. Puede consistir también en evitar responsabilidades penales, proteger la continuidad de una organización o impedir que prosperen determinadas investigaciones, siempre que el delito admita esta forma de imputación. La clave, por tanto, sería la existencia de una estructura estable, con reparto de funciones y orientada a favorecer al partido. Eso es lo que la Justicia trata de esclarecer.

El relato que se da la vuelta

Sobre todo ello sobrevuela un factor político especialmente incómodo. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con la bandera de la regeneración democrática tras la sentencia del caso Gürtel y convirtió la exigencia de responsabilidad política por corrupción en uno de los pilares de su discurso. Que ahora se discuta si el propio PSOE podría responder como persona jurídica supone, señala La Razón, una inversión completa de aquel relato.

La respuesta del Gobierno ha ido mutando. Según el mismo medio, Moncloa ha pasado de negar los hechos a cuestionar el origen de las investigaciones, con el concepto de lawfare convertido en eje de una estrategia dirigida a deslegitimar las causas antes incluso de que concluyan los procedimientos. Desde el entorno del presidente se anticipa además que, de confirmarse la imputación, nada cambiaría en su voluntad de agotar la Legislatura.

Queda por ver si esa determinación resiste el calendario judicial, que no lo fija Moncloa. Ninguna de las causas está cerrada y, mientras no lo estén, rige la presunción de inocencia para todos los implicados. Lo que sí ha cambiado, y eso ya no admite discusión, es que en Ferraz han dejado de descartar el peor escenario y han empezado a prepararlo.