Sánchez cede a la presión extremeña y alarga tres años la vida de Almaraz, saltándose el pacto con Sumar

El Gobierno ha decidido alargar tres años la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Según publicó este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), una orden del Ministerio para la Transición Ecológica renueva la autorización de explotación de sus dos reactores hasta el 8 de junio de 2030. La decisión respalda la propuesta que había hecho el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y llega sin que se debatiera previamente en el Consejo de Ministros, según recoge El Español.

El calendario que hasta ahora estaba en vigor contemplaba el cierre de la primera unidad de la planta en noviembre de 2027 y el de la segunda en octubre de 2028. Con la nueva orden, ambos reactores seguirán funcionando al menos hasta 2030, tres años más de lo previsto.

El pacto que se rompe

La medida choca de frente con el acuerdo de gobierno que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron en 2023 para formar la coalición. Aquel texto recogía, según recuerda El Español, un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035. Sumar había exigido en repetidas ocasiones que ese calendario se respetara y que Almaraz, la primera central llamada a apagarse, no se saliera de esa fecha.

La parte socialista del Ejecutivo ha optado, sin embargo, por tramitar la prórroga por la vía ministerial y sin someterla a debate colectivo en el Consejo de Ministros, lo que ha aumentado el malestar dentro de la coalición. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ya había avisado semanas atrás de que su formación no daría por buena cualquier desviación del pacto.

No vamos a permitir que nadie se desmarque de los compromisos

La presión desde Extremadura

Detrás de la decisión del Gobierno está la presión sostenida del gobierno y la sociedad extremeños, que llevan meses reclamando que Almaraz siga operativa. La presidenta de Extremadura, María Teresa Guardiola, ha encabezado esa demanda junto a numerosas protestas ciudadanas contra el cierre, que en la comarca donde se ubica la central se traduciría en la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos.

La central, situada en el municipio cacereño de Almaraz, es propiedad conjunta de Iberdrola, Endesa y Naturgy. El Gobierno ha optado finalmente por seguir la recomendación técnica del CSN, el organismo regulador de la seguridad nuclear en España, que había planteado alargar la vida de la planta.

Qué queda por ver

La decisión abre un frente dentro de la coalición de Gobierno, con Sumar denunciando el incumplimiento de un compromiso que consideraba innegociable. Está por ver si el episodio se queda en un rifirrafe puntual o si obliga a revisar el resto del calendario de cierre nuclear pactado para las demás centrales españolas, previsto entre 2027 y 2035.

El Español sigue ampliando la información sobre una noticia que, de momento, deja claro que en Moncloa hay decisiones que a Sumar solo le toca conocer por el BOE.