Sánchez culpa a Ceuta de los menores inmigrantes mientras estalla el caso de las niñas traídas desde Marruecos

El pulso entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta por la gestión de los menores extranjeros no acompañados ha subido de tono esta semana, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera a las preguntas sobre la presencia de miles de menores en las calles ceutíes derivando la cuestión al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Según recoge Libertad Digital, la respuesta presidencial, un escueto "eso pregúnteselo a Vivas", ha reabierto la polémica sobre quién debe identificar, registrar y tutelar a los menores llegados a la ciudad autónoma en los últimos meses.

Un sistema desbordado

Las cifras oficiales chocan de frente con la capacidad real del sistema de acogida. Según fuentes del Gobierno ceutí citadas por el diario, los centros de la ciudad están diseñados para atender a un máximo de 29 menores, ampliables hasta 87 en situaciones extraordinarias de emergencia. Sin embargo, el número de menores que se encuentran actualmente sobre el terreno ronda los 2.100 según el recuento formal del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y podría acercarse a los 3.000 de acuerdo con fuentes policiales consultadas por Libertad Digital.

Frente a las críticas del Ejecutivo central, Vivas y su portavoz han insistido en que, si bien la tutela y el internamiento de los menores corresponden a la administración autonómica, la filiación, el registro y la identificación legal de quienes llegan a Ceuta son competencia exclusiva de la Administración General del Estado, es decir, del Ministerio del Interior.

"La competencia para identificar a las personas, adultos y menores, es de Interior"

El respaldo jurídico al que apela el Gobierno ceutí se encuentra en el Real Decreto 658/2025, que atribuye a la Delegación del Gobierno en Ceuta la potestad de autorizar los traslados y las reubicaciones de menores hacia la península. Ese mismo organismo se halla ahora bajo escrutinio judicial, después de que salieran a la luz comunicaciones internas que, según Libertad Digital, advertían con antelación de la inminencia de una nueva oleada de presión migratoria sobre la ciudad.

Las niñas trasladadas desde Marruecos

El otro frente que ha reavivado la polémica en los últimos días es el de un grupo de menores, en su mayoría niñas, procedentes de centros de acogida en Marruecos. Según informó Libertad Digital, testimonios recogidos en la zona apuntan a que decenas de niñas, hasta 68 según esas mismas fuentes, habrían sido conducidas desde un orfanato marroquí hacia la frontera con Ceuta en fechas coincidentes con los momentos de mayor presión migratoria.

El relato de uno de los vecinos consultados por el diario describe cómo las menores fueron sacadas de sus camas de madrugada antes de ser trasladadas hacia la frontera. El episodio se enmarca, según reconstruye Libertad Digital, en la doctrina que maneja la Unión Europea sobre el uso instrumental de los flujos migratorios como forma de presión política, lo que se conoce como un ataque híbrido.

Reacciones políticas

La crisis ha trascendido ya el ámbito local. El Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución que responsabiliza a Marruecos de la invasión migratoria sufrida por Ceuta, con el rechazo expreso de los eurodiputados socialistas, según recogió también Libertad Digital. En paralelo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado el asunto a foros europeos para presionar al Ejecutivo de Sánchez, en un movimiento que el diario describe como un intento de europeizar la crisis.

Mientras las administraciones se reparten responsabilidades, Ceuta afronta una saturación asistencial que las autoridades locales califican de límite, agravada por la difusión en redes sociales de nuevas convocatorias para forzar entradas masivas en la ciudad. Distintos actores políticos reclaman ya aplicar mecanismos de devolución o reagrupación familiar en origen, frente a la alternativa de trasladar a los menores a otras comunidades autónomas.

Con la Audiencia Nacional pronunciándose esta misma semana sobre la situación del campamento del puerto y la investigación judicial sobre la Delegación del Gobierno todavía abierta, el caso de las niñas marroquíes añade una pieza más a un expediente que, según Libertad Digital, sigue sin resolver la pregunta de fondo: quién decidió, y cuándo, permitir que miles de menores quedaran bajo la tutela de facto de una ciudad con capacidad para acoger apenas a unas decenas.