Sánchez y Feijóo se acusan mutuamente por la crisis de Ceuta

La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una nueva fase, la del reparto de culpas entre el Gobierno y el Partido Popular. Casi dos meses después del episodio que desbordó la ciudad autónoma, PSOE y PP protagonizan estos días un cruce de acusaciones sobre quién gestionó mal la emergencia y quién la está utilizando ahora con fines electorales.

El origen del conflicto se remonta al 30 y 31 de julio, cuando cerca de 72.000 personas cruzaron el espigón de El Tarajal a pie y a nado en apenas dos días, según los datos manejados por las autoridades. El suceso dejó 141 fallecidos, 78 en territorio español y 63 en el marroquí, y desencadenó un retorno masivo hacia Marruecos que devolvió a unas 48.300 personas de las aproximadamente 50.000 que habían llegado a permanecer en la ciudad. A finales de agosto, entre 5.000 y 12.000 personas seguían todavía en Ceuta.

El origen de la crisis

Una investigación posterior detectó lo que las fuentes consultadas describen como una operación de desinformación coordinada a través de redes sociales, que habría distorsionado el alcance real de una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre las devoluciones en caliente por vía marítima. Varios análisis apuntan además a que el episodio coincidió con un momento de tensión diplomática entre España, Argelia y Marruecos, tras una visita oficial española a Argel.

El Gobierno calificó entonces la entrada masiva como una violación de la integridad territorial, desplegó efectivos militares de refuerzo y, el 25 de agosto, activó un mando único para coordinar la respuesta institucional, aunque rechazó declarar la emergencia nacional que reclamaba parte de la oposición. Las plazas de acogida en la ciudad se han ampliado desde entonces hasta superar las 3.300, y continúan los traslados de menores no acompañados hacia la península.

Vamos a europeizar el problema de Ceuta

La respuesta del PP

En ese contexto se inscribe el nuevo viaje de Alberto Núñez Feijóo a la ciudad autónoma, previsto para el próximo lunes y que será el cuarto desde que estalló la crisis. El líder del PP acudirá acompañado por Manfred Weber, presidente del PP europeo, y por Dolors Montserrat, secretaria general de esa formación y eurodiputada, con el objetivo declarado de trasladar el conflicto a las instituciones comunitarias. Feijóo ha resumido así el propósito del viaje, en referencia a que Bruselas asuma la dimensión de lo ocurrido en la frontera sur.

El portavoz popular, Borja Sémper, ha explicado que la estrategia pasa por lograr que la Unión Europea se implique directamente en la respuesta a la crisis. El PP prevé una reunión con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, en Madrid, y ha pedido que el Parlamento Europeo, que debate esta semana la situación de Ceuta, condene formalmente el asalto fronterizo del 30 de julio.

La gestión de la crisis también ha dejado fricciones dentro del propio Ejecutivo. La ministra Sira Rego ha defendido mantener el traslado de menores no acompañados a otras comunidades, mientras que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado que ese reparto se extienda también a los adultos entre las distintas autonomías. Por su parte, la propuesta del PP de proceder a devoluciones inmediatas de menores fue calificada por la Fiscalía como incompatible con la normativa europea vigente.

Qué viene ahora

El PSOE ha respondido a los planes de Feijóo acusando al PP de convertir Ceuta en el escenario central de la próxima campaña electoral, mientras que la portavoz socialista Montse Mínguez ha reprochado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, no haber pedido ayuda a las comunidades autónomas como sí hizo en crisis anteriores. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado por su parte que espera que la visita de Feijóo sirva para europeizar el asunto y no para dividir a los españoles.

Queda por ver si el debate en el Parlamento Europeo se traduce en algún compromiso concreto de Bruselas, cómo evoluciona la situación de las personas que permanecen todavía en la ciudad y en qué queda la investigación abierta sobre los 23 casos de presuntas agresiones sexuales denunciados durante las semanas más críticas de la crisis. Por ahora, el choque político entre Gobierno y oposición sigue eclipsando cualquier atisbo de acuerdo sobre cómo abordar el problema de fondo.