Sánchez subcontrata la frontera con Mohamed VI

Marruecos ha impedido este viernes que varios cientos de personas alcancen el paso fronterizo del Tarajal, según ha podido reconstruirse a partir de las convocatorias detectadas días antes en redes sociales. El Reino alauí desplegó controles en carreteras, miles de efectivos, vigilancia marítima y drones, y frenó a los grupos varios kilómetros antes de llegar a la valla. Es exactamente lo que no ocurrió el 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron hacia la ciudad autónoma en uno de los asaltos más numerosos de los últimos años.

Un mes de silencio oficial

Quince días después de aquel asalto, según La Razón, ni el Ministerio del Interior ni el resto del Gobierno han comparecido en el Congreso para explicar lo ocurrido, pese a que la crisis ha tenido repercusiones que trascienden lo nacional y ha llegado a preocupar a las instituciones europeas. Tampoco hay una cifra oficial cerrada de cuántas personas permanecen todavía en Ceuta ni de cuántas son menores: Interior maneja una cifra cercana a las 5.000, de las que 1.898 serían menores no acompañados, mientras que Save the Children sitúa la cifra total muy por encima de esa estimación.

El ministro Grande-Marlaska ha tardado dos semanas en comprometerse públicamente a ejecutar las devoluciones a Marruecos de quienes entraron de forma irregular, un anuncio que llega, según el citado medio, presionado por el riesgo de una nueva oleada. Ha sido entonces cuando se ha reforzado la presencia de efectivos de seguridad en la ciudad, un refuerzo que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y buena parte de la población residente venían reclamando desde antes del 31 de julio.

Si tenía capacidad para controlar el flujo hoy, el Gobierno debería explicar por qué esa capacidad no funcionó el 30 y 31 de julio

La versión oficial y la calle

Los distintos ministros que han comparecido en las últimas semanas han trasladado un mensaje común: en Ceuta reina la normalidad. Esa versión choca, según recoge La Razón, con la realidad que describen los cerca de 83.000 vecinos de la ciudad autónoma, marcada por problemas de seguridad, denuncias de vulneraciones de la integridad de menores y una sanidad pública desbordada. Ceuta y Melilla son las únicas ciudades cuyos servicios sanitarios dependen todavía del Ministerio de Sanidad y no de una comunidad autónoma, lo que sitúa la responsabilidad directamente en la cartera de Mónica García, que hasta la fecha no ha visitado la ciudad.

Frente a esa ausencia de comparecencias y visitas, el contraste con lo sucedido hoy resulta llamativo: la contención del nuevo intento de entrada no ha respondido a una acción del Ejecutivo español, sino a la decisión de Marruecos de desplegar sus propios medios antes de que los grupos llegaran a la frontera. Rabat ha demostrado así que dispone de capacidad de control cuando decide ejercerla, lo que abre la pregunta de por qué esa misma capacidad no se activó tres semanas atrás.

Qué revela el episodio

La lectura que se desprende, según el análisis publicado por La Razón, es que la seguridad de la frontera sur depende en gran medida de la voluntad política de Marruecos: si Rabat coopera, la presión migratoria baja; si esa cooperación falla, España queda expuesta a una vulnerabilidad que ya se ha visto en la práctica. La cooperación con el país vecino es necesaria y forma parte de la relación bilateral desde hace décadas, pero delegar en ella el control efectivo de la frontera exterior es, para el citado medio, una forma de subcontratar una parte de la soberanía nacional.

El Gobierno no ha ofrecido todavía una explicación pública de por qué el dispositivo de seguridad falló el 31 de julio y sí ha funcionado, del lado marroquí, este viernes. Esa pregunta, junto con la exigencia de una comparecencia en el Congreso, es lo que queda pendiente mientras Ceuta trata de digerir un mes de agosto marcado por la incertidumbre en su frontera con Marruecos.