Sánchez y Bolaños presionan al Supremo para salvar el voto de la Ley de Nietos

Tanto Pedro Sánchez como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han presionado esta semana al Tribunal Supremo para que decida cuanto antes si los nacionalizados por la conocida como ley de nietos pueden votar en las elecciones generales de 2027, según informa Libertad Digital. La ofensiva del Gobierno llega después de que el alto tribunal decidiera suspender cautelarmente el derecho a voto de estos extranjeros nacionalizados por la vía de la ley de memoria democrática.

La norma, aprobada por el Ejecutivo socialista, reconoce la nacionalidad española a nietos y nietas de quienes tuvieron que exiliarse durante la dictadura y la Guerra Civil, lo que en la práctica les otorga también derecho a voto. El Gobierno lleva meses tramitando estas nacionalizaciones de forma masiva, un proceso que la oposición ha calificado de maniobra electoral con vistas a los próximos comicios generales.

La decisión del Supremo

La Sala III del Tribunal Supremo resolvió el pasado martes suspender cautelarmente los efectos electorales de la ley, al considerar que supone un riesgo directo para la limpieza del proceso. Según recoge Libertad Digital, el auto judicial advierte de un incremento excepcional en el número de nuevos inscritos en el censo desde el extranjero tras las nacionalizaciones impulsadas por el Ejecutivo.

Un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones

El tribunal sostiene que esa circunstancia puede afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de los ciudadanos en sus resultados, además de generar incertidumbre sobre el desenlace de los comicios. El magistrado Antonio Narváez ha sido el ponente de la resolución, y según ha publicado El País, el Gobierno y medios afines han puesto el foco en él por unas declaraciones previas a Alberto Núñez Feijóo en las que, de acuerdo con esa información, expresó su deseo de que el PP llegara a la Moncloa.

La respuesta del Gobierno

Sánchez defendió la ley en una entrevista en TVE recogida por Libertad Digital, en la que explicó que la norma reconoce a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse tras el golpe de Estado y la Guerra Civil, en muchos casos hacia países latinoamericanos. El presidente afirmó no compartir la resolución del Supremo y pidió al tribunal que la resuelva cuanto antes, en todo caso antes de las elecciones de 2027, mientras acusó al PP de haberse alineado con planteamientos de la ultraderecha sobre supuestos fraudes electorales.

En la misma línea se pronunció Bolaños nada más terminar la sesión de control al Gobierno en el Senado. El ministro de Justicia aseguró que el Ejecutivo no comparte la decisión judicial y recordó que coincide en su valoración con la Junta Electoral Central, que ya había defendido que no procedía adoptar estas medidas cautelares. Bolaños advirtió de que la resolución implica en la práctica suspender el derecho de voto a miles de españoles, algo que calificó de decisión de enorme trascendencia, y reclamó al Supremo una resolución de fondo, bien argumentada, antes de los procesos electorales de 2027.

La oposición, por su parte, mantiene que el Gobierno ha buscado desde el inicio nacionalizar al mayor número posible de descendientes de españoles para sumar votos de cara a 2027, en lo que ha llegado a calificar públicamente de intento de "pucherazo". El propio Sánchez, en la entrevista citada, rechazó esas acusaciones y las enmarcó dentro de un discurso que, a su juicio, cuestiona sin pruebas la limpieza de los procesos democráticos, como ha ocurrido en otros países.

El Supremo tiene ahora sobre la mesa una resolución de fondo que deberá zanjar si los nacionalizados por la ley de nietos podrán ejercer su derecho a voto en las próximas generales, en un litigio que enfrenta directamente al Gobierno con el alto tribunal a apenas meses de que arranque la precampaña electoral.