Sandra León denuncia "la gran estafa" de Sánchez: indultos a corruptos y una reforma que ciega a la UCO

La periodista Sandra León ha señalado que el Gobierno aprovechó el último Consejo de Ministros antes del parón estival para aprobar una serie de medidas que, a su juicio, retratan su forma de actuar ante los casos de corrupción. En el editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, ha sostenido que mientras la Justicia "depura responsabilidades al ritmo que buenamente puede", el Ejecutivo "sigue cometiendo tropelías e intentando que pasen inadvertidas", en referencia a los indultos concedidos y a una reforma legal que, según ha explicado, complicará las investigaciones sobre presuntos testaferros y sociedades pantalla.

El indulto a Borràs

El foco del editorial se ha centrado en el indulto parcial concedido a la expresidenta del Parlamento de Cataluña y exlíder de Junts, Laura Borràs. Según ha recordado la periodista, el Ejecutivo ha evitado así que ingrese en prisión pese a haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años, seis meses y un día de cárcel, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por prevaricación administrativa y falsedad documental. Los hechos, ha explicado, se remontan a su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas, donde, según la sentencia, fraccionó hasta dieciocho contratos menores por más de 335.000 euros para adjudicarlos a un amigo.

León ha rechazado además la defensa que ha hecho de la medida el ministro Óscar López, quien ha vinculado la política de indultos con la normalización de Cataluña tras el procés. "El Gobierno ahora nos pretende hacer creer que Laura Borràs fue condenada por el procés. Pero es que encima esto es mentira", ha afirmado, recordando que el Tribunal Supremo rechazó aplicarle la amnistía al considerar que los hechos "no guardaban relación alguna con el proceso independentista". La Fiscalía, según ha detallado, se opuso también al indulto al no apreciar arrepentimiento y tratarse de un delito de abuso de poder.

"El Gobierno ahora nos pretende hacer creer que Laura Borràs fue condenada por el procés. Pero es que encima esto es mentira"

La periodista ha recuperado además unas declaraciones de Pedro Sánchez de 2014 en las que aseguraba que un político no debía indultar a otro político y defendía acabar con esa práctica. "Ahora él está en el Gobierno", ha ironizado, antes de concluir que aquellas palabras "sirven a la perfección para demostrar la gran estafa de un presidente que nada permanentemente entre mentiras". También ha citado unas manifestaciones de Yolanda Díaz de febrero de 2025, cuando defendió que los indultos "no deben ser acompasados con temas ligados, presuntamente, a la corrupción", precisamente al ser preguntada por el caso de Borràs.

Otros dos indultos

Según ha subrayado Sandra León, el de Borràs no ha sido el único indulto aprobado por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo también ha concedido medidas de gracia al exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, condenado por malversar más de 125.000 euros en sobresueldos procedentes de las cuentas del Grupo Socialista, y a Natalio Grueso, exdirector de la Fundación Niemeyer, condenado por malversación y falsedad documental. Para la periodista, estos tres indultos "no son hechos aislados", sino que "forman parte de un patrón", al que ha sumado la ley de amnistía para los condenados del procés y la revisión de las condenas de los ERE por parte del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, León se ha referido también a las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha cuestionado públicamente la concesión de indultos a condenados por corrupción. Aunque ha valorado que existan voces discrepantes dentro del PSOE, le ha reprochado que no actúe políticamente, recordando que cuenta con ocho diputados en el Congreso y que, si quisiera, "mañana mismo podía apoyar una moción de censura" para devolver la palabra a los ciudadanos.

Investigadores a ciegas

La segunda gran crítica del editorial se ha dirigido contra el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado también en ese Consejo de Ministros. Según ha explicado la periodista, la reforma permitirá que las transmisiones de participaciones entre empresas se realicen sin escritura pública ante notario, pasando directamente a una sección especial del Registro Mercantil. Ese cambio, ha sostenido, elimina la obligación de alimentar la base de datos de titularidad real que utilizan la UCO, la UDEF y el Sepblac para rastrear cambios de propiedad, detectar testaferros o seguir la pista de sociedades pantalla.

"A partir de ahora, el que no quiera no va a pasar por allí, de tal forma que los investigadores se van a quedar completamente ciegos", ha advertido. La periodista ha recordado además unas declaraciones del inspector de Policía Serafín Giraldo, quien ha calificado la reforma como una medida que suena "a opacidad, a una falta de transparencia y a proteger al delincuente".

León ha concluido su editorial defendiendo que tanto la UCO como la Justicia "han seguido y siguen haciendo su trabajo", algo que, a su juicio, "es lo que les cuece al Gobierno". Queda por ver si estas medidas, aprobadas a las puertas del verano, generan la contestación política que la periodista reclama o si, como en ocasiones anteriores, se diluyen con el parón estival.