El Supremo ve un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones por la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo ha puesto por escrito lo que hasta ahora era una sospecha política: el aumento de inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) desde la entrada en vigor de la Ley de Nietos supone, según el Alto Tribunal, "un riesgo de alteración" del censo electoral. El auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, justifica así la decisión de paralizar cautelarmente los efectos censales de la norma, adoptada a instancias de Iustitia Europa.

La vista y el auto

La resolución llega después de que el pasado lunes se celebraran en el Supremo las dos vistas orales sobre la cuestión, primero la solicitada por Iustitia Europa y después la de VOX. Días más tarde, la Sala decidió estimar las medidas cautelares pedidas por el partido de Marta González Jordán, congelando de forma provisional los efectos que la nacionalización por la Ley de Nietos tiene sobre la inscripción en el censo electoral.

En el auto, los magistrados sostienen que "existe ese riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica". Es la primera vez que el Supremo fija por escrito, con esta contundencia, su preocupación por el fenómeno.

Los datos que maneja el Supremo

Los números que sostienen la resolución proceden de la propia documentación aportada por Iustitia Europa, unos datos que, según recoge el auto, no han sido rechazados ni por la Junta Electoral Central (JEC) ni por la Abogacía del Estado, las dos partes llamadas a contradecir el recurso. A 1 de julio de 2026, el CERA sumaba 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 que había en las elecciones generales de 2023. La diferencia son 408.262 electores más en apenas tres años.

El reparto territorial de ese aumento es, para el Supremo, otro elemento revelador: la circunscripción de Madrid ha sumado 115.572 electores nuevos y la de Barcelona, 43.439. Son cifras, subraya el auto, que "revelan un incremento excepcional de electores inscritos en el CERA, que no se había producido con anterioridad a la vigencia" de la Ley 20/2022 ni de la instrucción que desarrolla su disposición adicional octava.

Un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral

Qué dice el auto

Para los magistrados, el hecho de que el incremento sea "extraordinario", que se mantenga "en constante aumento" y que tenga incidencia directa en la composición de los censos de las distintas circunscripciones es motivo suficiente para que la Sala lo valore como un asunto de fondo, ya que a su juicio puede afectar "a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados", además de generar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral".

De ahí que el Supremo concluya que existe "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral", con riesgo de un "daño irreversible a la rectitud y corrección" de los comicios si el número de inscripciones sigue creciendo mientras se resuelve el litigio de fondo.

Qué queda por ver

La paralización cautelar no cierra el asunto: el Supremo deberá ahora entrar a resolver sobre el fondo del recurso presentado por Iustitia Europa, que cuestiona la aplicación que la Oficina del Censo Electoral viene haciendo de la Ley de Nietos a efectos de inscripción automática en el CERA. Hasta entonces, los nuevos españoles por esta vía seguirán sin computar en el censo electoral, a la espera de que la Sala determine si el criterio aplicado hasta ahora se ajusta o no a derecho.