El Supremo fija para el 7 de septiembre la vista sobre las cautelares de la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha señalado el próximo 7 de septiembre para celebrar una vista oral y pública en la que se debatirán las medidas cautelares solicitadas contra los efectos electorales de la conocida como ley de nietos, según ha podido saber The Objective a través de la providencia notificada al partido Iustitia Europa. La fecha marca el primer hito judicial de calado en un litigio que lleva meses gestándose en los tribunales.

El recurso contencioso-administrativo, ya admitido a trámite, impugna el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central, adoptado el 16 de julio, por el que este órgano se declaró incompetente para fiscalizar las incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de la norma y de la instrucción de 25 de octubre de 2022 que la desarrolla. Es precisamente esa renuncia a fiscalizar lo que Iustitia Europa lleva ahora ante el Supremo.

Qué pide Iustitia Europa

La formación ha solicitado como medida cautelar principal la suspensión provisional de las altas en el CERA vinculadas a los expedientes tramitados al amparo de la ley, mientras se verifica su legalidad y su trazabilidad documental, según recoge el propio recurso. Es decir, no pide anular la ley, sino congelar sus efectos censales hasta que el fondo del asunto quede resuelto.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha explicado el objetivo del recurso en estos términos: "Acudimos al Tribunal Supremo para exigir el cumplimiento de la LOREG, garantizar la transparencia electoral y someter a control los efectos censales derivados de la instrucción que desarrolló la denominada ley de nietos, antes de que puedan producir consecuencias irreversibles en un próximo proceso electoral".

Acudimos al Tribunal Supremo para exigir el cumplimiento de la LOREG y garantizar la transparencia electoral

El trasfondo de la norma

La ley de nietos permite la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de quienes tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas o de creencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Al amparo de esa vía se han tramitado miles de expedientes en los consulados españoles, lo que ha provocado un incremento notable del CERA y ha reabierto el debate sobre la transparencia del proceso, su posible impacto en el voto exterior y la suficiencia de los controles administrativos aplicados antes de inscribir a los nuevos nacionales.

Ese incremento es el que motivó el recurso original de Iustitia Europa ante la Junta Electoral Central, que remitió el asunto a sus propios límites competenciales en lugar de entrar en el fondo, un movimiento que el partido interpreta como una forma de blindar el proceso frente a cualquier control externo.

Qué puede decidir el Supremo

El Tribunal Supremo ya había requerido previamente a la Junta Electoral Central el expediente administrativo completo, un paso que precedió a la admisión a trámite del recurso el pasado 22 de julio. La vista del 7 de septiembre permitirá debatir si procede suspender cautelarmente las nuevas altas en el censo, identificarlas de forma separada del resto del padrón o adoptar otro tipo de medidas de control mientras se resuelve el fondo del asunto, según detalla la providencia judicial.

Ninguna de las partes ha adelantado qué postura defenderá con detalle en la sala, y la Junta Electoral Central no ha respondido públicamente a las acusaciones de inacción que se le atribuyen en el recurso.

Queda por ver si el Supremo opta por congelar el proceso antes de que puedan celebrarse nuevas elecciones o si, por el contrario, decide que el debate de fondo puede esperar sin necesidad de cautelares. Sea cual sea el resultado, la fecha del 7 de septiembre ya ha quedado marcada en el calendario judicial como la primera prueba de fuego para una ley que, dos años después de su desarrollo reglamentario, sigue generando más preguntas que certezas.